Debemos entender, por un lado, que existen conductores irresponsables habituales, los llamados «gamberros», que deben ser castigados punitivamente y ser retirados de manera efectiva y permanente de las carreteras. Pero esta medida es muy posible que no cuaje en el grueso de la población ya que este conjunto de conductores mantiene hábitos perjudiciales en su manera de conducir cuando no se da el caso de que, simplemente, no saben hacerlo adecuadamente. Mejorar la educación vial de conductores, pasajeros, peatones y ciclistas es imprescindible. Cambiar la enseñanza y los exámenes prácticos también sería una medida deseable toda vez que se examina en ciudad pero se tienen los accidentes en carretera.
Y la administración pública, a todos los niveles territoriales, tiene también su cuota de responsabilidad: eliminar los puntos negros, completar y mejorar la señalización vial, aplicar políticas de tolerancia cero con determinadas conductas, poner más agentes en las vías, crear una agencia potente que agrupe las competencias necesarias y, sobre todo, considerar la seguridad vial como un asunto de estado y no un mero instrumento recaudatorio, son deberes que pesan sobre los políticos.
Ya veremos que a base de pequeños pasos se avanza o si ocurre como dice la experiencia respecto a que el mero endurecimiento de las leyes no cambia los comportamientos. En nuestras manos está y cuidado con las salidas de este puente.
