Montana ha dado un paso significativo al promulgar una ley pionera que busca cerrar lo que se conoce como el «vacío de los corredores de datos», un tema que ha generado intensos debates en otros estados y en el Congreso de los Estados Unidos, pero que no había encontrado una solución efectiva. La nueva normativa, conocida como SB 282, prohíbe que las fuerzas del orden adquieran información sobre las comunicaciones electrónicas y datos sensibles a través de compras a corredores de datos, eliminando de esta forma un método que les permitía eludir la necesidad de obtener una orden judicial.
A diferencia de los policías en el resto del país, que pueden comprar información de geolocalización sin tener que demostrar un motivo justificado ante un juez, los agentes en Montana ahora deben recurrir a métodos más convencionales, como la obtención de una orden judicial. Información que, hasta ahora, estaba fácilmente disponible en el mercado y que incluía datos tan personales como la localización precisa de un individuo, sus asociaciaciones personales y su estado de salud, entre otros.
SB 282 ha sido aclamada como un avance en materia de protección de la privacidad estatal, continuando una tendencia en Montana que incluye leyes que limitan el uso del reconocimiento facial y protegen la privacidad del consumidor. A pesar de que se admite el uso de citaciones para acceder a ciertos datos, que requieren menos justificación que una orden judicial, la ley establece un precedente importante en la defensa de los derechos civiles.
Este nuevo enfoque legislativo en Montana se alinea con iniciativas a nivel federal, como la propuesta H.R.4639, conocida como la Ley de que la Cuarta Enmienda No Está en Venta, promovida por el senador Ron Wyden, que busca una protección similar a nivel nacional. Aunque este proyecto ha avanzado en la Cámara de Representantes, aún no ha sido considerado por el Senado.
La actuación de Montana resalta la creciente responsabilidad de los estados y localidades para implementar leyes que protejan las libertades civiles de sus habitantes ante la falta de acción en el Congreso. Con una población de poco más de un millón de personas, Montana se posiciona como un modelo a seguir en la defensa de la privacidad y la protección de los derechos individuales.
Fuente: EFF.org
