Durante más de una década, organizaciones de desarrollo de estándares han estado enfrentando derrotas en los tribunales de Estados Unidos, intentando utilizar la ley de derechos de autor para controlar el acceso a las leyes. Estas organizaciones sostienen que poseen el copyright de ciertos códigos importantes, que regulan la seguridad de productos, edificaciones y medio ambiente, y que tienen el derecho de restringir el acceso a estas normativas. Sin embargo, los jueces han rechazado esta noción, sosteniendo que es absurda y poco democrática.
La última derrota se produjo esta semana, cuando un tribunal de distrito determinó que UpCodes, una empresa que ha creado una base de datos de códigos de construcción, puede incluir aquellos que han sido incorporados por referencia en la legislación. ASTM, una organización privada que participó en el desarrollo de algunos de estos códigos, insiste en que retiene el copyright incluso después de que estas normativas hayan sido adoptadas como ley. No obstante, varias cortes, incluyendo la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, han desestimado esta teoría, argumentando que los estándares pierden la protección de derechos de autor al ser incorporados a la ley.
En este caso específico, conocido como ASTM contra UpCodes, el tribunal se alineó con la interpretación de que proporcionar acceso a la ley, ya sea de manera gratuita o mediante una suscripción, es un uso legítimo y justo. Un aspecto crucial de la decisión es la importancia del acceso público a la legislación. Los jueces enfatizaron que la incorporación por referencia a estos estándares puede llevar a problemas de notificación y responsabilidad, especialmente si la ley solo está accesible para quienes pueden pagar.
Esta batalla legal ha mostrado un patrón en varias partes del país, desde California hasta Nueva York y Missouri, creando un consenso judicial claro en defensa del acceso a la normativa. Aunque las organizaciones de estándares siguen lucrando con su trabajo, en gran parte gracias al trabajo voluntario de expertos que redactan los estándares sin esperar regalías, la situación ha puesto a prueba su enfoque.
En lugar de aprender de sus fracasos, estas organizaciones están ahora solicitando al Congreso que modifique la Constitución para asegurar que mantienen el copyright sobre sus estándares, sin importar lo que haga un regulador federal. Esto plantea preocupaciones, ya que han establecido “salas de lectura” que resultan ser muy poco accesibles, similares a las de hace más de dos décadas. Estos espacios virtuales son difíciles de navegar, no permiten búsquedas efectivas y son completamente inaccesibles para personas con discapacidades visuales.
Este cambio propuesto por las organizaciones, que implicaría sacrificar derechos fundamentales al proceso debido por un acceso muy limitado a la legislación, es un mal acuerdo. Sin embargo, si el Congreso avanza en esta dirección, queda la confianza en que el sistema judicial estará dispuesto a luchar de nuevo por la comprensión de que las leyes son hechos, no propiedades, y deben ser accesibles para todos.
Fuente: EFF.org
