En el panorama empresarial español, las sociedades mercantiles se configuran como la estructura jurídica más común para desarrollar proyectos y fomentar alianzas entre inversores y profesionales. No obstante, una gran parte de los socios, en especial aquellos que son minoritarios, a menudo ignoran la extensión de sus derechos y obligaciones dentro de la sociedad. La Ley de Sociedades de Capital (LSC) reconoce, sin embargo, su papel fundamental en la dinámica societaria.
Desde ESCOEM, una firma especializada en asesoramiento empresarial, resaltan la importancia de que todos los socios, independientemente de su porcentaje de capital, sean conscientes de sus derechos, que incluyen tanto aspectos políticos como económicos que deben ser ejercidos, especialmente en momentos críticos para la sociedad.
La LSC establece importantes categorías de derechos para los socios y accionistas. Entre los derechos políticos se encuentran el de participar y votar en las Juntas Generales, derecho de información, la posibilidad de impugnar acuerdos sociales, la acción social de responsabilidad, y el derecho a solicitar la convocatoria de la Junta. Por su parte, los derechos económicos comprenden el cobro de dividendos, el derecho de suscripción preferente en ampliaciones de capital, la transmisión de acciones, y el derecho a la cuota de liquidación.
Los umbrales de participación en el capital social son claves para que los socios minoritarios puedan intervenir en la gestión de la sociedad. Por ejemplo, con un 1% del capital social, los socios pueden impugnar ciertos acuerdos y requerir la presencia de un notario en las Juntas Generales, un poder que considerablemente puede influir en la administración de la sociedad. A partir del 5%, se habilitan derechos adicionales, como solicitar la convocatoria de la Junta, mientras que con un 25% ya se puede influir en la constitución de quórums y en el ejercicio del derecho de información.
Además de los derechos, los socios tienen obligaciones que incluyen aportar el capital comprometido, notificar la intención de transmitir participaciones y actuar con buena fe. Estas responsabilidades son esenciales para el correcto funcionamiento y la ética en la gestión de las sociedades.
Un aspecto crítico es el uso del Pacto de Socios, que se presenta como una herramienta esencial para evitar y gestionar conflictos. Este acuerdo privado establece las reglas de funcionamiento interno, los mecanismos para resolver disputas y aspectos operativos como la entrada y salida de socios, así como la política de dividendos.
La comprensión y aplicación de estos derechos y obligaciones es crucial para el desarrollo sostenible de cualquier empresa. Desde ESCOEM enfatizan que «un socio bien informado es un socio que puede proteger mejor su inversión y contribuir de forma más equilibrada al desarrollo de la empresa.» Esto sugiere que el empoderamiento de los socios, a través de una mayor información y asesoría adecuada, no solo beneficia a los individuos, sino que también promueve el crecimiento saludable de las empresas en el contexto español.
