En un importante desarrollo, los sindicatos United Automobile Workers (UAW), Communications Workers of America (CWA) y American Federation of Teachers (AFT) han presentado hoy una demanda contra los Departamentos de Estado y Seguridad Nacional de Estados Unidos. La acción legal, titulada UAW contra el Departamento de Estado, pretende detener lo que consideran un programa de vigilancia inconstitucional dirigido a suprimir la libertad de expresión online.
Desde el inicio de la administración de Donald Trump, se ha implementado un programa de vigilancia masiva destinado a monitorizar el discurso protegido constitucionalmente de los no ciudadanos en el país. Mediante el uso de inteligencia artificial y otras tecnologías automatizadas, el gobierno busca identificar y sancionar a quienes expresan opiniones no alineadas con sus intereses. Este enfoque ha provocado un clima de intimidación pública, afectando no solo a los inmigrantes, sino también a sus familiares y amigos.
El contenido de la denuncia subraya que más del 60% de los miembros del UAW, así como más del 30% de los integrantes del CWA que conocían el programa, admitieron haber cambiado su actividad en redes sociales debido a esta vigilancia. Entre los no ciudadanos, esos números eran aún más alarmantes: más del 80% de los miembros del UAW sin ciudadanía estadounidense indicaron que alteraron su comportamiento en línea.
Los testimonios de los miembros de los sindicatos son ilustrativos. Algunos decidieron no publicar, eliminar publicaciones o incluso cerrar sus cuentas personales en respuestas a esta vigilancia. Muchos también han modificado su participación en actividades sindicales, evitando identificarse públicamente o reduciendo su presencia en protestas.
Con el apoyo legal de organizaciones como la Electronic Frontier Foundation (EFF) y Muslim Advocates, los demandantes argumentan que el programa violenta la Primera Enmienda y la Ley de Procedimiento Administrativo. Los líderes sindicales han expresado su descontento con esta práctica, resaltando que la represión del discurso coincide con un ataque fundamental a los principios democráticos en el país.
Shawn Fain, presidente de UAW, denunció que esta vigilancia y los intentos de silenciar a los trabajadores no solo afectan a individuos, sino que amenazan el concepto mismo de libertad en Estados Unidos. Claude Cummings Jr., presidente de CWA, indicó que el movimiento laboral se basa en la libertad de expresión y de reunión sin temor a represalias gubernamentales, y que el programa desafía esos derechos.
Por su parte, Randi Weingarten, presidenta de AFT, criticó el enfoque del gobierno, haciendo hincapié en que la libertad de expresión es esencial para la democracia, y que la administración actual ha intentado restringir esta libertad a los discursos que aprueba.
Desde la EFF, se advirtió sobre las capacidades sin precedentes de vigilancia que permiten el uso de herramientas automatizadas para llevar a cabo una revisión y análisis de puntos de vista, lo que está creando un efecto paralizante en la libertad de expresión.
El caso, por tanto, no solo busca detener un programa de vigilancia, sino que también cuestiona el uso del poder gubernamental para silenciar dissentimientos y proteger derechos fundamentales en una sociedad diversa y democrática.
Fuente: EFF.org