Una reciente investigación ha revelado que más de 80 agencias de aplicación de la ley en Estados Unidos han utilizado lenguaje que perpetúa estereotipos dañinos contra las personas romaníes al realizar búsquedas en la red nacional de lectores automáticos de matrículas Flock Safety. Según los registros de auditoría analizados, entre junio de 2024 y octubre de 2025, las autoridades policiales realizaron cientos de búsquedas utilizando términos como «roma» y «g*psy», a menudo sin mencionar ningún delito sospechoso.
El uso de este lenguaje racista no solo es inaceptable, sino que también refleja una tendencia más amplia en la que las prácticas policiales modernas perpetúan el racismo anti-Roma. La aceptación de términos que señalan a un grupo étnico específico como sospechoso sin justificación criminológica está intrínsecamente ligada a la criminalización de comunidades enteras.
Además, se ha documentado que varias agencias de policía han llevado a cabo búsquedas relacionadas con «estafas g*psy» y «robos romani», a pesar de que estas denominaciones no tienen equivalencias en la ley penal y carecen de relevancia en la investigación criminal. Estas prácticas fomentan un daño sistémico, deshumanizando a individuos basándose únicamente en su etnicidad.
Desde el 2020, el gobierno federal de EE. UU. ha reconocido oficialmente el «racismo anti-Roma», subrayando que la estigmatización de este grupo como criminal es un comportamiento que perpetúa un tipo particular de racismo. Sin embargo, muchas de las agencias implicadas no han marcado estas búsquedas como inapropiadas, lo que pone de manifiesto una falta de supervisión interna y rendición de cuentas.
Las respuestas de varios departamentos de policía que fueron contactados revelan que, aunque algunos reconocen la inadecuación de su lenguaje, otros mantienen que sus búsquedas están justificadas por las circunstancias del caso, lo que sugiere una normalización de este tipo de lenguaje en sus protocolos. Expertos advierten que la tecnología de vigilancia, como la red Flock, exacerba el racismo y permite que los prejuicios institucionales se traduzcan en prácticas de vigilancia discriminatorias.
La situación actual plantea desafíos urgentes, y muchos abogan por auditorías completas de las búsquedas realizadas a través de sistemas de ALPR, así como restricciones en el intercambio de datos entre agencias para prevenir abusos que afectan desproporcionadamente a grupos históricamente marginados.
Fuente: EFF.org
