A lo largo de este año, ambos cámaras del Congreso estadounidense aprobaron el TAKE IT DOWN Act, una legislación que, aunque surge con buenas intenciones, ha generado preocupaciones en torno a la libertad de expresión en línea. Promovida por el presidente del Comité de Comercio del Senado, Ted Cruz, y la representante Maria Salazar, la ley busca acelerar la eliminación de contenido en línea problemático, específicamente imágenes íntimas no consensuadas (NCII). Este fenómeno, así como su variante digital alterada, conocida como “deepfakes”, son cuestiones graves que han impulsado a 48 estados a implementar leyes específicas que penalizan la distribución de NCII.
No obstante, el TAKE IT DOWN Act ha sido criticado por adoptar un enfoque que podría poner en peligro la libertad de expresión, la privacidad de los usuarios y el debido proceso, sin abordar de manera efectiva el problema que pretende resolver. La ley establece un sistema de notificación y eliminación que se aplica a una categoría amplia de contenido, lo que significa que podría afectar potencialmente cualquier imagen que involucre contenido íntimo o sexual, generando temores sobre su posible abuso por actores malintencionados que podrían solicitar la eliminación de contenido legítimo que no califica como NCII.
Entre sus deficiencias, la ley no incluye protecciones contra solicitudes de eliminación frívolas o de mala fe, lo que podría llevar a la censura de contenido legal, como la sátira, el periodismo y el discurso político. Además, el plazo de 48 horas para cumplir con una solicitud de eliminación supone un desafío considerable, particularmente para plataformas más pequeñas que no tendrían tiempo suficiente para investigar o verificar las reclamaciones.
Otro punto crítico es la falta de protecciones legales para los proveedores que creen que una solicitud de eliminación fue enviada con la intención de silenciar un discurso legítimo. Esta situación podría llevar a la implementación de filtros automatizados que, en lugar de proteger la expresión libre, terminarían censurando contenido lícito. Adicionalmente, los proveedores de servicios de mensajería cifrada podrían verse obligados a dejar de usar esta funcionalidad para poder cumplir con las exigencias de eliminación, transformando así conversaciones privadas en espacios de vigilancia.
A pesar de las numerosas recomendaciones de enmiendas para proteger el habla legítima y salvaguardar el cifrado, el Congreso aprobó el proyecto sin los cambios solicitados, y la ley fue firmada en mayo de 2025. Las principales disposiciones del TAKE IT DOWN Act entrarán en vigor en 2026 y, desde ahora, se espera que las plataformas en línea sean más transparentes respecto a los contenidos que eliminan debido a esta nueva normativa, mientras los defensores de los derechos digitales se preparan para vigilar cualquier exceso en la aplicación de la ley que pudiera silenciar la libre expresión.
Fuente: EFF.org
