La administración de Donald Trump ha estado profundamente comprometida en consolidar toda la información gubernamental en una única base de datos que podría ser consultada mediante inteligencia artificial. Este esfuerzo, justificado bajo el premisa de eficiencia y modernización, plantea serias preocupaciones sobre la privacidad y el uso indebido de datos sensibles. Originalmente, la fragmentación de esta información fue implementada para proteger la privacidad de los ciudadanos y asegurar que diferentes ramas del gobierno no abusaran de datos sensibles para hostigar o castigar a la población.
Un aspecto central de este proceso ha sido el trabajo del supuesto Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), que busca acceder a las bases de datos de múltiples agencias estatales. A partir de abril de 2025, se reporta que DOGE ha acumulado cientos de piezas de información personal de ciudadanos estadounidenses, abarcando datos financieros, de salud e incluso direcciones IP de computadoras. En respuesta a esta situación, la Electronic Frontier Foundation (EFF) ha entablado una demanda contra la Oficina de Administración de Personal de EE.UU. y DOGE por la divulgación de datos personales sin justificación adecuada, infringiendo la Ley de Privacidad de 1974.
Otro movimiento clave en esta centralización ha sido la eliminación de protecciones que impedían el acceso a esta información por parte de agencias innecesarias. Esto se ha conseguido ignorando las leyes existentes, como cuando se ordenó al IRS permitir el acceso a información fiscal con fines de aplicación migratoria. Además, un nuevo decreto ejecutivo busca garantizar que toda la información de las agencias federales esté disponible para la Casa Blanca y otras entidades.
La consolidación de registros gubernamentales podría resultar en un abuso de poder, ya que diferentes agencias recogen información para proporcionar servicios esenciales o recaudar impuestos. La preocupación radica en que esta información podría ser utilizada para fines no relacionados con su propósito original. Por ejemplo, se teme que un empleado gubernamental pudiera ser denegado de servicios de salud pública debido a registros de recursos humanos o que la temática de investigación de una persona se utilizara para decidir si se le renueva un pasaporte.
Los grupos más vulnerables, como las comunidades marginadas, enfrentan un riesgo mayor, dado que sus datos podrían ser utilizados para localizar individuos por parte de las autoridades migratorias o para otras aplicaciones perjudiciales. Esta situación recuerda a la erosión de la confianza en el gobierno que impulsó la creación de la Ley de Privacidad hace 50 años, tras escándalos relacionados con listas de enemigos y vigilancia de grupos políticos de oposición.
Además, existe una preocupación sobre el futuro del gobierno y su capacidad para ayudar a los ciudadanos. Si las personas comienzan a desconfian de las instituciones gubernamentales por temor a que sus datos sean utilizados en su contra, es poco probable que busquen la ayuda que necesitan. La confianza es fundamental en la relación entre gobernantes y gobernados; cuando se socava, las repercusiones a largo plazo son irreparables. EFF y otras organizaciones continúan luchando para garantizar que los registros personales sean utilizados y divulgados únicamente conforme a la ley federal.
Fuente: EFF.org
