En enero, la Electronic Frontier Foundation (EFF) solicitó a los fiscales generales de Florida, Texas, Arkansas y Missouri que investigaran posibles violaciones de privacidad en los centros de embarazo de crisis (CPC) que participan en prácticas engañosas. Desde entonces, algunos de estos centros han comenzado a modificar sus sitios web, eliminando discretamente un lenguaje engañoso y reclamaciones sobre la privacidad. Además, la legislatura de Hawái está considerando un proyecto de ley que pide al fiscal general investigar a estos centros en el estado, y legisladores en Georgia han presentado un conjunto de proyectos de ley para abordar las prácticas engañosas de los CPC.
Sin embargo, hay mucho más por hacer. La EFF ha expandido su llamado a los fiscales generales de Tennessee, Oklahoma, Nebraska y Carolina del Norte para que también investiguen los centros en sus respectivos estados. Muchos CPC han operado bajo una serie de promesas engañosas durante años, insinuando que los datos personales de salud de sus clientes están protegidos por HIPAA, a pesar de que numerosos informes indican lo contrario. Estas instalaciones no siempre siguen sus políticas de privacidad y, en ocasiones, comparten datos personales de clientes sin el consentimiento adecuado. Por ejemplo, en un caso en Luisiana, un CPC expuso inadvertidamente datos personales de múltiples clientes en un video de capacitación de software, lo que pone de manifiesto la falta de respeto por la privacidad de las personas.
La EFF ha documentado múltiples ejemplos de CPC en varios estados que afirman cumplir con HIPAA, pero que en la práctica pueden estar violando la privacidad de sus usuarios. Hay una notable carencia de protecciones para la privacidad del usuario, incluidos aspectos como la privacidad médica, y los individuos tienen poco control sobre cómo se recopilan, almacenan y utilizan sus datos personales. A menos que el Congreso apruebe una ley integral de privacidad que incluya un derecho de acción privada, se requiere que los fiscales generales estatales tomen medidas proactivas para proteger a sus constituyentes de prácticas de privacidad desleales o engañosas.
Es un momento crucial para que los líderes tanto estatales como federales reconsideren cómo se asignan los fondos públicos a estos centros. Nuestros funcionarios electos son responsables de garantizar que la información personal, especialmente los datos médicos sensibles, esté protegida. Nadie debería tener que elegir entre su atención médica y su privacidad.
Fuente: EFF.org
