A lo largo de 2025, las legislaturas estatales de Estados Unidos han mantenido ocupados a los defensores de los derechos digitales, con una variedad de iniciativas que reflejan tanto avances como preocupaciones significativas. Desde Olimpia, Washington, hasta Honolulu, Hawái, y Tallahassee, Florida, se han registrado importantes desarrollos en cuestiones de reparación, privacidad y regulación de inteligencia artificial.
Uno de los logros destacados del año fue la aprobación de una ley en Washington que consagra el derecho a reparar, convirtiéndose en el octavo estado en hacerlo. Además, varias jurisdicciones han tomado medidas para proteger la privacidad de los datos de ubicación, reconociendo su impacto más allá de una simple pin en un mapa. La protección de la privacidad en el ámbito de la salud también ha ganado atención, con legisladores en diversas regiones buscando mejorar las normativas existentes. En California, se facilitó a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos bajo la ley de privacidad de datos del estado, lo que marca un avance hacia una mayor protección de la información personal.
Sin embargo, no todo ha sido positivo. A lo largo del año, se han presentado preocupaciones sobre propuestas legislativas que, aunque puedan tener intenciones bien fundamentadas, amenazan con dañar la privacidad, la expresión y la seguridad. Un ejemplo notable fue el intento en Florida de introducir un proyecto de ley que pretende crear una puerta trasera que permitiría a las fuerzas del orden acceder fácilmente a los mensajes en plataformas cifradas usadas por menores. Afortunadamente, esta legislación no logró ser aprobada, pero resalta la creciente preocupación sobre el impacto negativo que tales iniciativas pueden tener en los derechos digitales.
Adicionalmente, se ha observado un aumento en las leyes relacionadas con la verificación de edad en línea. Estas iniciativas, en teoría diseñadas para proteger a los menores, podrían en última instancia obligar a todos los usuarios a verificar su identidad para acceder incluso a contenidos básicos, lo que podría generar una recopilación masiva de datos personales y restringir el acceso a plataformas esenciales.
Por otro lado, los legisladores también han comenzado a apuntar a las redes privadas virtuales (VPN), intentando limitar su uso para eludir las restricciones impuestas por estas nuevas legislaciones. Si bien es innegable que las VPN no son herramientas infalibles, su disponibilidad es crucial para quienes desean proteger su información personal y acceder a contenidos legalmente protegidos.
Ante este panorama, los defensores de los derechos digitales seguirán trabajando en colaboración con aliados en distintos estados, buscando no solo combatir legislación perjudicial, sino también promover políticas que fortalezcan la privacidad y la libertad de expresión en la era digital.
Fuente: EFF.org
