El gobierno canadiense se encuentra en pleno proceso de aprobación de una legislación que podría comprometer la privacidad digital de sus ciudadanos al permitir que fuerzas policiales de EE. UU. y posiblemente de otros países, accedan a sus datos. La propuesta, conocida como el Proyecto de Ley C-2, también denominado Acta de Fronteras Fuertes, incluye numerosas medidas que ponen en entredicho los derechos constitucionales de los canadienses en nombre de la «seguridad fronteriza».
Este ambicioso proyecto de ley busca alinear las políticas de vigilancia canadienses con las exigencias de EE. UU., lo que podría resultar en una devastación de las protecciones de privacidad que se han logrado durante décadas. La legislación afectará a todos los usuarios de servicios de Internet canadienses, incluidos correos electrónicos, almacenamiento en la nube y aplicaciones de mensajería.
Un grupo de defensa de las libertades civiles, conformado por más de cien expertos legales y académicos canadienses, ha expresado su oposición a la iniciativa, calificándola como un «asalto multipropósito a los derechos humanos y libertades que Canadá valora». El Proyecto de Ley C-2 permitiría a la policía y a la CSIS (Servicio Canadiense de Inteligencia de Seguridad) acceder a la información de las actividades en línea de los ciudadanos canadienses basándose en un umbral de «sospecha razonable», sin necesidad de una orden judicial.
Las empresas que detentan esta información contarían con solo cinco días para impugnar cualquier orden de divulgación, y recibirían inmunidad legal al entregar datos. De esta manera, las fuerzas del orden podrían rastrear cuentas en línea, tiempos de acceso y conexiones entre servicios sin una supervisión judicial adecuada.
Además, el proyecto de ley contempla la posibilidad de introducir «puertas traseras» en sistemas de cifrado, obligando a las empresas a vigilar a sus usuarios. La legislación también establece la creación de herramientas de vigilancia que podrían ser exigidas a las empresas canadienses, independientemente de su ubicación en el mundo.
Si se aprueba el Proyecto de Ley C-2, las fuerzas del orden estadounidenses podrán solicitar datos de empresas tecnológicas canadienses en secreto, sin informar a los usuarios y con órdenes de silencio que les impidan revelar que han sido forzadas a compartir información. En este contexto, existe el riesgo de que dictaduras e gobiernos autoritarios accedan a esta nueva base de datos que contiene información privada de los canadienses.
Recientemente, un funcionario del gobierno canadiense confirmó que este régimen de vigilancia proporcionaría a la policía canadiense herramientas similares a las que tienen sus pares en EE. UU. bajo la Ley PATRIOTA. Con el avance del Proyecto de Ley C-2, activistas y organizaciones defensoras de las libertades civiles han intensificado sus llamados al gobierno canadiense para que retire esta controvertida propuesta legislativa, argumentando que la protección de la privacidad debe prevalecer sobre las inquietudes de seguridad.
Fuente: EFF.org
