La legislatura de Texas está una vez más enfocándose en restringir el acceso a uno de los métodos más comunes, seguros y efectivos de aborto: el aborto por medicación. La propuesta de ley conocida como S.B. 2880 busca prohibir la venta y distribución de píldoras abortivas, pero su impacto va mucho más allá. Esta legislación pretende limitar el acceso a la información en línea sobre estos fármacos, dificultando que las personas conozcan su existencia.
Si la S.B. 2880 se convierte en ley, sería ilegal «proporcionar información» sobre cómo obtener un medicamento que induzca un aborto. Esto incluye el intercambio de correos electrónicos o la participación en chats en línea sobre la búsqueda de un aborto, así como la creación de sitios web que compartan información sobre servicios legales de aborto en otros estados. Incluso las publicaciones en redes sociales podrían suponer un riesgo considerable.
El alcance del proyecto de ley es amplio y también se dirige a plataformas de redes sociales, sitios web, servicios de correo electrónico y aplicaciones de mensajería que, albergando dicho contenido, podrían ser considerados culpables bajo esta nueva legislación. Es decir, los legisladores de Texas no solo buscan silenciar las discusiones sobre el aborto, sino que también quieren eliminar por completo la posibilidad de que la información sobre este tema sea accesible en internet.
La medida diseñada parece tener la intención de infundir temor en las personas y disuadirlas de expresarse. En su primer aspecto, la S.B. 2880 permite que ciudadanos particulares demanden a cualquier persona que infrinja la ley. Un «servicio informático interactivo» también podría ser demandado si permite acceso a información que facilite la obtención de abortos o fármacos abortivos.
Esta estrategia es similar a la S.B. 8, que fomentó que cualquier persona pudiera presentar demandas contra quienes simplemente comentaran o facilitaran acceso a información. Esta situación podría, indudablemente, limitar la libertad de expresión, poniendo en riesgo la salud y las vidas de aquellas que buscan información veraz sobre sus opciones reproductivas.
Otro punto importante de la S.B. 2880 es que incentiva a los intermediarios en línea a eliminar contenido relacionado con el aborto. Si un servicio es demandado bajo esta ley, puede evitar responsabilidades demostrando que bloqueó rápidamente el acceso a cualquier información sobre abortos. Además, se estipula que estos intermediarios tendrán una «inmunidad absoluta y no renunciable» ante demandas por censura, fortaleciendo así su posición para eliminar más contenido.
Pese a que en varias secciones del extenso texto se menciona que la S.B. 2880 no debe interpretarse como una restricción a la libre expresión, esta afirmación no garantiza que su implementación no afectará los derechos de los individuos. El objetivo es claro: restringir el acceso a la información sobre medicamentos abortivos en línea. La posibilidad de que esta ley genere responsabilidades civiles y penales contrasta con una ley federal que protege la capacidad de los intermediarios en línea para albergar discursos generados por los usuarios, como es el caso de la 47 U.S.C. § 230, que defiende la libertad de expresión en estas plataformas.
Cualquier intento gubernamental de limitar el acceso a información representa un riesgo para nuestros derechos amparados por la Primera Enmienda. Lo que los legisladores texanos intentan hacer con la S.B. 2880 es precisamente eso. Quienes valoran la libertad de expresión, independientemente de su postura sobre el cuidado reproductivo, deberían hacer un llamado a los legisladores para que se opongan a esta y otras propuestas similares.
Fuente: EFF.org
