La situación en Vero Beach, Florida, ha generado gran preocupación entre los defensores de derechos civiles tras el anuncio de que la oficina del fiscal general del estado ha comenzado una investigación tras un evento del Orgullo LGBTQ+. Este evento, organizado en un restaurante local llamado The Kilted Mermaid, ha llevado a las autoridades a exigir grabaciones de video de vigilancia, listas de asistentes, logs de reservas y contratos de los artistas y personal del lugar. La razón detrás de esta medida, según las autoridades, está vinculada a lo estipulado en la llamada “Ley de Protección de Niños”, la cual ha sido bloqueada como inconstitucional por tribunales federales.
Sin embargo, este caso no ha detenido al Fiscal General James Uthmeier, quien ha declarado en un comunicado que en Florida «no sacrificamos la inocencia de los niños por las perversiones de algunos adultos dementes». Aunque no se ha presentado ninguna acusación formal y no se ha especificado qué ley se ha violado, su retórica ha suscitado un clima de miedo y desconfianza entre la comunidad.
Los organizadores y asistentes del evento ven esta acción como un intento de intimidación política y un posible ataque a la libertad de expresión. Drag shows, que frecuentemente son eventos familiares y en muchas ocasiones carecen de contenido sexual, se han convertido en un chivo expiatorio en un entorno mediático polarizado. Este tipo de eventos, en vez de ser celebraciones comunitarias, están bajo el escrutinio estatal, lo que podría disuadir a las personas de participar en futuras actividades similares.
Los efectos de estas acciones pueden ser devastadores y han sido objeto de preocupación en diversas ocasiones por los tribunales de Estados Unidos, que han señalado que la divulgación de la identidad de los miembros de organizaciones pacíficas puede generar un efecto paralizante sobre la libre expresión. Este tipo de ataques a la privacidad no solo infringe los derechos de los individuos involucrados, sino que también amenaza la continuidad de una forma de arte y expresión cultural esencial.
A medida que la situación se desarrolla, la comunidad local y los defensores de derechos civiles observan de cerca, preocupados por las implicaciones a largo plazo de estas políticas. Participar en un drag show no debería significar renunciar a la anonimidad, ni abrir las puertas a la vigilancia estatal. La posibilidad de que los nombres de aquellos que asisten a estos eventos terminen en bases de datos gubernamentales plantea serias interrogantes sobre la dirección que está tomando la protección de los derechos civiles en Florida.
Fuente: EFF.org
