La reciente propuesta de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos ha generado preocupación entre los defensores del acceso público a los medios de comunicación. Mientras la atención se centra en la crítica del expresidente Donald Trump hacia la radiodifusión pública, hay un cambio de políticas más sutil pero alarmante: la introducción de un nuevo estándar para la televisión digital que podría restringir el acceso de los ciudadanos a las ondas públicas que les pertenecen.
La FCC está considerando la transición al nuevo estándar ATSC 3.0, que incorpora sistemas de gestión de derechos digitales (DRM) para el equipo de televisión. Este cambio, promovido por la Asociación Nacional de Radiodifusores, busca privatizar las ondas públicas al permitir que los programas emitidos por aire sean cifrados. Esto significa que los televidentes solo podrán acceder a ciertos contenidos si adquieren televisores nuevos que tengan las llaves de DRM incorporadas.
Este movimiento representa un costo adicional para los televidentes que, según se argumenta, deberían poder acceder a un recurso que ya es de dominio público. Aunque muchos han optado por plataformas de transmisión en línea, millones de estadounidenses —especialmente aquellos en áreas rurales o de bajos ingresos— dependen aún de la televisión por aire para informarse, educarse y entretenerse. Históricamente, las emisoras han recibido licencias valiosas a cambio de ofrecer su programación de forma gratuita a todos los que se encuentren en su área de cobertura.
La adición de DRM en las transmisiones de aire podría poner en riesgo este sistema, transformando el acceso a la programación de un servicio universal a uno controlado por una autoridad privada que regulará la tecnología y los dispositivos compatibles. Esta transición plantea dudas sobre la innovación en el sector; un ejemplo es el mercado de los DVD, que no ha visto avances significativos desde su creación debido a restricciones similares.
Además, el DRM se enfrenta a los principios del uso justo, que permiten acciones como grabar un programa y visualizarlo más tarde. Las restricciones impuestas por el DRM complican estas actividades y pueden llevar a sanciones por eludir el sistema, limitando así la capacidad de los usuarios para utilizar los contenidos a su favor.
Pese a que los radiodifusores argumentan que esta medida estimulará el desarrollo de características interactivas que beneficien al público, la resistencia a la adopción voluntaria de estas innovaciones sugiere que no son realmente de interés público. Organizaciones como la Electronic Frontier Foundation (EFF) han solicitado a la FCC que rechace esta propuesta, abogando por mantener el acceso libre y sin restricciones a las ondas públicas, destacando la importancia de priorizar los intereses de millones de ciudadanos sobre los de unos pocos conglomerados mediáticos.
Fuente: EFF.org
