En un contexto donde el acceso a la legislación es fundamental para el ejercicio de los derechos ciudadanos, dos tribunales de apelaciones han desestimado intentos de partes privadas por utilizar el copyright como herramienta para restringir el acceso a leyes que impactan directamente en la vida cotidiana de las personas. Estas leyes regulan aspectos vitales como la seguridad de nuestros hogares, lugares de trabajo y dispositivos.
Un organismo de estándares ha presentado una nueva apelación ante el Tercer Circuito de la Corte de Apelaciones, buscando que su posición se distinga de las decisiones previas y sostenga que una entidad privada que participa en el desarrollo de una norma tendría derechos de propiedad sobre ella. La Electronic Frontier Foundation (EFF), en colaboración con otras entidades como la Asociación Americana de Bibliotecas y Public Knowledge, ha presentado un breve amicus instando a la corte a unirse al consenso judicial que sostiene que «nadie posee la ley».
El caso gira en torno a UpCodes, una empresa que ha creado una base de datos de códigos de construcción, como el Código Eléctrico Nacional, que incluye códigos que han sido adoptados oficialmente. ASTM, una organización privada que coordinó el desarrollo de algunos de estos códigos, defiende que mantiene derechos de copyright sobre ellos, incluso después de su inclusión en la legislación, reclamando así el control sobre su acceso y difusión pública. Sin embargo, este argumento no cuenta con respaldo en la Constitución ni en la Ley de Derechos de Autor.
Tribunales anteriores, como el Quinto Circuito, han dictaminado que los códigos pierden protección de copyright al ser incorporados a la ley. Otros, como el Circuito de D.C., han concluido que hacer estos estándares accesibles online se considera un uso legítimo y justo. Un tribunal federal en Pennsylvania también se alineó con esta última interpretación, concluyendo que la base de datos de UpCodes califica como un uso justo protegido.
Se espera que el Tercer Circuito afirme la decisión previamente tomada, idealmente fundamentando que los estándares incluidos en la ley deben ser considerados parte del dominio público. La democratización del acceso a la legislación, posibilitada por Internet, ha facilitado que ciudadanos, periodistas y profesionales de seguridad comprendan, comenten y compartan la amplia gama de regulaciones que nos afectan. Este acceso es crucial, especialmente dado que muchas de estas regulaciones son elaboradas por entidades privadas y se convierten en obligatorias con escaso control público.
De acuerdo con el Tribunal Supremo, «cada ciudadano se presume que conoce la ley, y no necesita argumento para demostrar que todos deberían tener acceso libre a ella». Aparentemente, se necesitará algún argumento al respecto, pero es momento de poner fin a este debate.
Fuente: EFF.org
