La posibilidad de que los proveedores de servicios de internet (ISP) deban suspender el acceso a la red simplemente basándose en acusaciones de infracción de derechos de autor está en la mira del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Si se ratifican los fallos de tribunales inferiores, se podrían ver comprometidos miles de usuarios inocentes que dependen de la conectividad para aspectos fundamentales de su vida diaria. Esta situación ha llevado a la Electronic Frontier Foundation (EFF) junto con otras organizaciones, como la Asociación Americana de Bibliotecas y la Asociación de Bibliotecas de Investigación, a presentar un amicus brief solicitando al Tribunal que revoque dicha decisión.
El principal problema radica en convertir a los ISP en «policías de copyright». Si el Tribunal Supremo aprueba los hallazgos de la corte de apelaciones, se alterará profundamente el riesgo al que se enfrentan los ISP si un usuario infringe derechos de autor. En tal caso, se verían obligados a cancelar el acceso a internet de aquellos acusados de infracción, afectando incluso a otros usuarios que compartan la misma conexión.
El caso se originó cuando compañías musicales demandaron a Cox Communications, argumentando que debía ser considerada responsable de las infringencias cometidas por sus suscriptores. La corte de apelaciones del Cuarto Circuito aceptó esta postura, estableciendo un nuevo estándar para la responsabilidad de infracciones, donde la provisión de un servicio que pueda ser utilizado para infringir derechos de autor se considera suficiente para generar responsabilidad.
Bajo la ley de patentes, donde el Congreso ha definido la responsabilidad secundaria de manera clara, solo se puede considerar la infracción contributiva cuando un producto es incapaz de tener un uso substancial que no infrinja derechos. Como el acceso a internet se usa mayormente para fines legales, no debería ser considerado responsable bajo esta premisa. Sin embargo, la norma actual del Cuarto Circuito podría llevar a que los ISP enfrenten responsabilidades millonarias si no actúan sobre reclamos, a veces infundados o automatizados.
El brief presentado por la EFF aboga por que el Tribunal adopte un enfoque basado en la ley de patentes para definir los límites de la responsabilidad secundaria en materia de derechos de autor. Específicamente, argumenta que las pruebas de infracción deben requerir más que una simple “contribución material” del proveedor de servicios; solo deberían aplicarse en casos donde el servicio esté diseñado para infringir y carezca de usos no infractores.
Las consecuencias de la normativa en cuestión son alarmantes. La cancelación de una cuenta de ISP no solo afecta al usuario acusado de compartir archivos de manera no autorizada; impacta a familias enteras, escuelas, bibliotecas y negocios que dependen de una misma conexión. En particular, las bibliotecas públicas, que brindan acceso a millones de estadounidenses sin internet en casa, podrían verse severamente perjudicadas. Universidades y hospitales también podrían experimentar interrupciones en su acceso a internet, afectando a comunidades enteras, y los hogares, especialmente en comunidades de bajos ingresos, sufrirían un castigo colectivo por las acciones de un solo usuario.
Con más de un tercio de los estadounidenses teniendo solo un proveedor de banda ancha o ningún acceso, las alternativas para reconectar se reducirían drásticamente. El acceso a internet es crucial para la educación, el empleo, la salud y la participación ciudadana, por lo que las repercusiones de una posible suspensión son severas y desproporcionadas.
Ante esta realidad, el Tribunal Supremo tiene la oportunidad de enmendar el rumbo. Se le pide que rechace el test de «contribución material» del Cuarto Circuito, reafirme que la ley de patentes proporciona el marco adecuado para la responsabilidad secundaria y aclare que la Constitución exige que el copyright sirva al bien público. La protección del copyright no debe comprometer el acceso a internet, que es esencial para la participación en la vida moderna. Las miradas están puestas en el Tribunal mientras delibera sobre este caso.
Fuente: EFF.org
