El texto final de la Convención de las Naciones Unidas contra el Cibercrimen, adoptado el pasado jueves por el Comité Ad Hoc de la ONU, se dirige ahora a la Asamblea General de la ONU para su aprobación final. Las últimas horas de deliberaciones estuvieron marcadas por la tensión, ya que Irán intentó, sin éxito, eliminar prácticamente todas las protecciones de derechos humanos que se habían mantenido en el texto final, recibiendo el apoyo de decenas de naciones. A pesar de que los esfuerzos de Irán fueron derrotados, el texto resultante aún presenta serios problemas de derechos humanos.
La Asamblea General de la ONU podría considerar el tratado tan pronto como el próximo mes. Si se aprueba, se invitará a los Estados Miembros a firmar y ratificar el tratado, un proceso que suele involucrar debates legislativos y votaciones. El tratado entrará en vigor 90 días después de que al menos 40 países lo ratifiquen.
Este escenario representa una oportunidad vital para oponerse de manera contundente a la ratificación y exigir que, de ser ratificado, el tratado se complemente con salvaguardias de derechos humanos robustas y mecanismos de rendición de cuentas. La sociedad civil, los abogados defensores y las autoridades de protección de datos deben asegurarse de que las leyes de implementación se adhieran a los más altos estándares de derechos humanos, especialmente en los puntos donde el tratado es ambiguo o silente.
Durante más de tres años de defensa, se ha luchado por definiciones más claras, un alcance más limitado y protecciones de derechos humanos más sólidas. Sin embargo, en lugar de facilitar la cooperación en materia de cibercrimen, este tratado introduce nuevos poderes de vigilancia y procedimientos transfronterizos que podrían facilitar la represión bajo el aparente marco del sistema de tratados de la ONU.
La función clave de la Convención, si es ratificada, será crear un mecanismo que exija asistencia legal entre países que aún no cuentan con tratados de asistencia jurídica mutua (MLAT) u otros acuerdos de cooperación. Esto incluiría regímenes represivos que anteriormente podrían haber tenido obstáculos para participar en vigilancia transfronteriza y intercambio de datos, en algunos casos debido a sus preocupantes antecedentes en derechos humanos.
Uno de los aspectos más preocupantes del tratado es la flexibilidad que concede a los estados para decidir si requieren o no salvaguardias de derechos humanos. Muchos detalles sobre cómo se implementan estas protecciones están sujetos a la legislación nacional. Esto significa que los estados tienen la opción de cooperar con investigaciones que no sean delitos según su legislación interna, lo que abre la puerta a abusos de poder.
Las recientes propuestas de Irán para eliminar protecciones de derechos humanos del tratado son un claro indicador de los desafíos que se avecinan. En las últimas discusiones, Irán sugirió eliminar disposiciones que permitirían a los estados rechazar solicitudes internacionales de datos personales si hay riesgo de persecución. A pesar de las implicaciones preocupantes, la propuesta recibió el respaldo de 25 votos de países como India, Cuba, China y Rusia. Esto muestra una profunda división en la comunidad internacional respecto a la protección de las libertades fundamentales.
La posibilidad de que los poderes del tratado sean mal utilizados para perseguir a personas es un hecho alarmante. Algunos estados han intentado declarar su intención de no seguir ciertas cláusulas clave sobre derechos humanos, lo que desafía la integridad y los fundamentos morales del tratado. La comunidad internacional debe actuar de manera unida para garantizar que estas disposiciones no sean aprobadas y se respeten los derechos humanos a nivel global.
Las negociaciones del tratado también han dejado abierto el debate sobre la inclusión de más delitos, particularmente aquellos relacionados con la libertad de expresión y el contenido en línea, lo que podría llevar a la criminalización de conductas que no deben ser consideradas delitos. La lucha por los derechos humanos y la justicia en el ciberespacio debe continuar, asegurando que las disposiciones defectuosas no socaven la protección de los derechos de las personas en todo el mundo.
Fuente: EFF.org
