En las últimas semanas, varios jueces federales han emitido contundentes críticas a los decretos ejecutivos del presidente Donald Trump, los cuales tienen como objetivo a bufetes de abogados que representan causas o clientes con los que el mandatario no está de acuerdo. Palabras como «pernicioso», «sin precedentes» y «egregio» han sido utilizadas para describir estas acciones, surgidas en un contexto marcado por la polarización política.
Un aspecto destacado por los jueces es el carácter «inconstitucional» de estos decretos. La Electronic Frontier Foundation (EFF), una organización jurídica, fue una de las primeras en apoyarse con firmeza en defensa del bufete Perkins Coie, que desafió la legalidad de la orden ejecutiva del presidente. Hasta ahora, en cuatro casos en los que EFF ha presentado breves amicus, los magistrados han decidido que dichas órdenes son nulas y han emitido órdenes permanentes que las invalidan.
El presidente Trump firmó un decreto contra Perkins Coie el 6 de marzo. En su opinión del 2 de mayo, el juez Beryl A. Howell argumentó que la orden «estigmatiza y penaliza» a un bufete en función de sus representaciones jurídicas y expresiones. Sostuvo que recurrir al poder federal para atacar a los abogados que representan a clientes con posturas no alineadas con las del gobierno es contrario a la Constitución, la cual promueve la tolerancia hacia ideas disidentes.
En seguida, el 25 de marzo, se emitió otro decreto contra Jenner & Block. En este caso, el juez John D. Bates también lo declaró inconstitucional, señalando que la medida busca castigar a un bufete en función de las causas que defiende. Bates la describió como un intento de silenciar la expresión legal que el gobierno no aprueba, lo que socavaría la separación de poderes y la independencia judicial.
Otro decreto, dirigido a WilmerHale el 27 de marzo, fue igualmente anulado por el juez Richard J. Leon, quien enfatizó que la independencia del sistema judicial y el derecho de los abogados a representar casos controvertidos son fundamentales para el estado de derecho.
Además, el 9 de abril, se emitió un decreto similar contra Susman Godfrey. En este caso, aunque se está evaluando si se conferirá una orden de nulidad permanente, el juez Loren L. AliKhan ya había dado una fuerte respuesta, calificando la acción como una «sorprendente abusive de poder». Subrayó que no se puede utilizar el gobierno para coaccionar a despachos de abogados simplemente por sus opiniones.
La EFF ha reafirmado la importancia de una profesión legal independiente como un pilar de la democracia y el estado de derecho. En un contexto donde algunos bufetes de renombre han optado por la capitulación, la EFF alienta a la profesión legal a alzar la voz contra estos ataques, que amenazan los fundamentos de la representación legal en el país.
Fuente: EFF.org
