En un contexto donde al menos una docena de estados en Estados Unidos pretenden implementar leyes que restringen el acceso de los jóvenes a las redes sociales, surge una ola de resistencia judicial. Las propuestas legislativas exigen que los menores obtengan el consentimiento de sus padres o incluso establecen prohibiciones directas al uso de estas plataformas. Sin embargo, hasta la fecha, la mayoría de los tribunales de primera instancia han declarado estas leyes inconstitucionales.
La Electronic Frontier Foundation (EFF) ha estado a la cabeza de la defensa de los derechos de los jóvenes en este ámbito, presentando documentos legales en diversas cortes del país. Esta organización argumenta que las leyes propuestas violan el derecho de los jóvenes a la libertad de expresión garantizado por la Primera Enmienda, un derecho que comparten con los adultos. De hecho, los menores han disfrutado históricamente de los mismos derechos de expresión, incluyendo la posibilidad de discutir política, crear arte, comentar temas de actualidad y practicar religión, entre otros. La llegada de Internet ha amplificado su capacidad para comunicarse y organizarse.
Las leyes en cuestión suelen presentar dos características principales: requieren que las plataformas de redes sociales estimen o verifiquen la edad de todos los usuarios, y ya sea que prohíban completamente el acceso a los menores o que condicionen dicho acceso a la autorización parental. En el transcurso de 2025, la EFF ha interpuesto desafíos legales en varios estados, incluyendo California, Florida, Georgia, Mississippi, Ohio, Utah, Texas y Tennessee, argumentando que estas leyes no solo afectan los derechos de los menores, sino que también imponen cargas sobre los derechos de los adultos.
El Tribunal Supremo de EE. UU. ha anulado repetidamente leyes que limitan la libertad de expresión de los menores o que exigen permisos parentales. Las leyes que prohíben completamente el acceso de los jóvenes a las redes sociales son consideradas medidas extremas que no corresponden a los riesgos reales involucrados. La EFF ha hecho un llamado a los legisladores para que prioricen leyes de privacidad sólidas en lugar de censura para abordar los problemas en línea.
La implementación de sistemas de identificación basados en edad puede restringir el acceso a quienes no tienen la documentación adecuada, además de que los sistemas biométricos suelen ser discriminatorios o inexactos. Este requerimiento puede también disuadir la expresión anónima, la cual está protegida por la Primera Enmienda y es fundamental para quienes podrían enfrentar represalias.
Por último, exigir a los usuarios que proporcionen información personal sensible aumenta el riesgo de violaciones de privacidad y seguridad en el futuro. Curiosamente, muchas de estas legislaciones obligan a las empresas de redes sociales a recopilar aún más información personal de todos los usuarios, en especial de los menores, quienes son más susceptibles al robo de identidad.
La EFF ha reafirmado su compromiso de seguir luchando por los derechos de los menores y los adultos para acceder a Internet, expresarse libremente y organizarse en línea.
Fuente: EFF.org
