La Electronic Frontier Foundation (EFF) ha denunciado el uso indebido de datos médicos por parte del gobierno federal para identificar y deportar inmigrantes. Durante el verano pasado, la organización solicitó a un juez federal que bloqueara estas acciones, argumentando que la utilización de datos de Medicaid para este fin es inapropiada y pone en riesgo la privacidad de miles de individuos.
Recientemente, se ha revelado que Palantir, una empresa de tecnología con un historial cuestionable en cuanto a la privacidad y derechos humanos, está desarrollando una herramienta para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que mapea posibles objetivos de deportación. Este sistema, denominado Enhanced Leads Identification & Targeting for Enforcement (ELITE), utiliza las direcciones de personas obtenidas del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que incluye datos de Medicaid, y tiene la capacidad de generar un expediente detallado sobre cada individuo, además de asignar un «puntuación de confianza» a la dirección actual de la persona.
La aparición de esta herramienta se produce en un contexto en el que ICE ha intensificado sus operaciones, enviando un número elevado de agentes a Minneapolis y llevando a cabo detenciones agresivas que han violado los derechos civiles de inmigrantes y ciudadanos estadounidenses. De hecho, el expresidente Trump ha amenazado con invocar la Ley de Insurrección de 1807 para desplegar tropas militares contra manifestantes en la misma ciudad, lo que ha despertado preocupaciones sobre una posible intensificación de tales prácticas en otras localidades.
Los críticos advierten que la consolidación de registros gubernamentales presenta un poder absoluto que puede ser mal utilizado. Aunque diferentes agencias del gobierno recogen información para cumplir con objetivos específicos, el problema surge cuando esta información se agrupa y utiliza para fines ajenos a su propósito original. Cindy Cohn, directora ejecutiva de EFF, ha señalado que esta tendencia recuerda planes pasados de vigilancia masiva que fueron desmantelados después de una fuerte oposición pública y legislativa.
Además de intentar frenar el acceso de ICE a datos de Medicaid a través de acciones legales, EFF ha participado en múltiples litigios relacionados con la obtención de información personal por parte de diversas agencias gubernamentales, abogando por la protección de la privacidad y la seguridad de los ciudadanos. Sin embargo, la organización enfatiza que la litigación por sí sola no es suficiente y que es crucial que se mantenga un diálogo público sobre estas preocupaciones, instando al Congreso a actuar de inmediato para limitar prácticas que amenazan la tranquilidad de todos en el país.
Fuente: EFF.org
