U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) ha recibido un nuevo presupuesto bajo la actual administración, lo que le permite llevar a cabo una intensa adquisición de tecnología de vigilancia. Con un total de 28.7 mil millones de dólares para el año 2025, casi el triple de su presupuesto de 2024, y al menos 56.25 mil millones adicionales durante los próximos tres años, el presupuesto de ICE podría rivalizar con el de muchas fuerzas armadas nacionales a nivel mundial, posicionándola como la decimocuarta fuerza militar mejor financiada del mundo, justo entre Ucrania e Israel.
Bajo el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS), ICE es la agencia encargada de hacer cumplir las leyes de inmigración y su misión declarada es proteger a América a través de investigaciones criminales y la aplicación de leyes de inmigración para preservar la seguridad nacional y la seguridad pública. Sin embargo, las operaciones de ICE han suscitado preocupaciones sobre el impacto de su vigilancia sobre la población, incluyendo no solo a inmigrantes indocumentados, sino también a ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes, quienes han sido objeto de acoso, detenciones y, en algunos casos, torturas.
Aunque agencias como la NSA y el FBI son las primeras que vienen a la mente cuando se piensa en vigilancia, ICE ha desarrollado una extensa operación de recopilación de datos. Un informe de 2022 de Georgetown Law reveló que ICE había escaneado las fotos de licencia de conducir de uno de cada tres adultos y tenía acceso a datos de licencias de conducir de tres de cada cuatro adultos. Con una inversión de aproximadamente 2.8 mil millones de dólares en programas de vigilancia desde 2008 hasta 2021, su nuevo presupuesto de 2025 es diez veces mayor que la suma de dichas inversiones.
Esta acumulación de recursos ha permitido a ICE establecer contratos con diversas empresas para adquisición de tecnología de vigilancia, incluyendo herramientas de espionaje de teléfonos y tecnologías de reconocimiento facial y de placas de vehículos. También se han incrementado los contratos para vigilancia de redes sociales, creando un sistema de vigilancia masiva que abarca numerosas plataformas digitales y bases de datos.
El creciente poder de ICE y su capacidad de vigilancia han revelado una incompatibilidad fundamental entre un complejo industrial de vigilancia y una sociedad democrática. Las tecnologías que se desarrollan hoy pueden, en el futuro, ser utilizadas por entes que no respeten principios democráticos y derechos fundamentales. Estas operaciones han evolucionado bajo varios gobiernos y han alcanzado niveles alarmantes en la administración actual, y es necesario realizar una reflexión profunda sobre las implicaciones de estas acciones para la privacidad y los derechos civiles en Estados Unidos. La vigilancia masiva, amparada en presupuestos exorbitantes, plantea peligros significativos que afectan a la confianza pública y la seguridad de todos los ciudadanos.
Fuente: EFF.org
