El modelo español de gestión hídrica es considerado un referente mundial, pero se enfrenta a serias amenazas que ponen en peligro su sostenibilidad. A pesar de ser un líder en la gestión del agua, con una agricultura que posiciona al país como el mayor proveedor de frutas y verduras de Europa, las tarifas que se aplican en España son de las más bajas de Europa y no cubren los costes de amortización de inversiones ni los gastos financieros, un requerimiento que exige la normativa europea.
La consultora PWACS, especializada en servicios públicos urbanos, ha alertado sobre la obsolescencia de las infraestructuras hídricas, construidas para una población significativamente menor a la actual, que incluye una afluencia turística que supera los 100 millones de visitantes anuales. Esto ha llevado a expertos a considerar que el verdadero desafío del sector es el déficit de inversión y su financiación. Juan Pablo López Heras, presidente de PWACS, ha descrito la situación como «muy delicada» y «también inestable».
A medida que las infraestructuras requieren una urgente renovación y la construcción de nuevas instalaciones para satisfacer las necesidades actuales, el incumplimiento de la normativa de la Unión Europea podría acarrear multas que terminarían siendo pagadas por todos los contribuyentes. La Directiva Marco del Agua Europea establece que los costes de inversión y gastos financieros deben ser recuperados, un principio que de hecho no se está aplicando en el país.
PWACS ha identificado dos problemas principales que perpetúan esta situación. En primer lugar, la intervención municipal en el sector no está alineada con los principios de recuperación de costes establecidos por la legislación europea y la Ley de Aguas. En segundo lugar, cada ayuntamiento, al ser juez y parte, enfrenta la presión de no aumentar las tarifas, especialmente en años electorales, lo que resulta en precios muy por debajo de los niveles europeos, aun y cuando el tratamiento del agua y la necesidad de infraestructuras complejas como desaladoras y presas son cada vez mayores.
Los expertos de PWACS concluyen que la solución a estos problemas radica en la creación de un regulador del agua independiente, similar a las entidades reguladoras que existen en los sectores de energía, telecomunicaciones o transporte. Este organismo tendría como objetivo establecer tarifas que aseguren la recuperación de costes e inversiones, reduciendo el riesgo asociado a estas inversiones y facilitando su financiación a través de bancos y fondos de infraestructuras.
La implementación de un regulador del agua beneficiaría a todos los actores involucrados: ayuntamientos, empresas gestoras y ciudadanos, quienes son tanto los pagadores como los receptores de estos servicios. Con su capacidad técnica y experiencia, España podría garantizar así la viabilidad a largo plazo de su modelo hídrico, crucial para la inundada sostenibilidad de uno de sus recursos más vitales.
