Esta semana se cumple el 30 aniversario de una ley federal que ha sido fundamental para la libertad de expresión en internet: la Sección 230. Esta norma ha permitido que los usuarios en línea se expresen libremente, encuentren comunidades afines, se organicen políticamente y participen activamente en la sociedad. La Sección 230 protege la libertad de expresión de los usuarios al amparar a los intermediarios en línea de ser responsables legalmente por el contenido generado por sus usuarios, lo que ha sustentado la infraestructura del internet tal como lo conocemos hoy.
Sin embargo, en un contexto de creciente preocupación acerca de las prácticas nocivas y anticompetitivas de las grandes compañías tecnológicas, han surgido propuestas bipartidistas en el Congreso para derogar o dejar sin efecto esta ley. Estas iniciativas se aprovechan de las inquietudes legítimas sobre el impacto de estas empresas, pero desvían la atención hacia la Sección 230, responsabilizándola de problemas más amplios en el ecosistema digital.
Eliminar o modificar la Sección 230 no resolverá los problemas de vigilancia corporativa que afectan a los usuarios de internet, ni frenará el dominio que ejercen unas pocas empresas tecnológicas. De hecho, podría consolidar aún más su poder monopolístico. Las propuestas actuales no abordan una pregunta crucial: ¿qué estándar legal sustituiría a la Sección 230? Esta omisión sugiere que tales propuestas son más bien quejas disfrazadas de legislación seria, sin ofrecer una solución tentativa a los problemas que pretenden resolver.
Históricamente, la Sección 230 fue creada para evitar la censura de discursos diversos y para empoderar a los usuarios. La ley protege a los intermediarios cuando eliminan contenido que sea obsceno o que infrinja sus términos de servicio. A pesar de sus limitaciones, como no inmunizar a los servicios en caso de violaciones a la ley penal federal, su estructura es la más efectiva para resguardar la libre expresión en línea.
Los críticos de la Sección 230 sugieren varios enfoques alternativos, pero estos frecuentemente resultarían en una mayor censura. Un régimen de responsabilidad estricta haría que los intermediarios fuesen responsables de todo el contenido de sus usuarios, lo que llevaría a la desaparición de plataformas que no podrían soportar el peso legal de monitorizar cada publicación. Los sistemas que imponen deberes legales sobre los intermediarios también incrementarían el riesgo de censura, ya que los proveedores de servicios tendrían que controlar las publicaciones de los usuarios más de lo que actualmente lo hacen.
En contraste, la Sección 230 elimina la incertidumbre sobre si un intermediario defenderá el discurso de sus usuarios, maximizando así la libertad de expresión en la red. Aunque puede haber casos en los que la ley no proporcione un remedio legal adecuado a las víctimas, cualquier modificación debe hacerse con cuidado para no restringir de manera amplia la libertad de expresión.
La lucha por mantener la Sección 230 es, por tanto, una defensa de la capacidad de hablar libremente en el espacio digital.
Fuente: EFF.org
