El Tribunal Supremo ha proclamado un cambio trascendental en la normativa laboral de España con su reciente sentencia del 18 de noviembre, la cual establece la obligatoriedad del trámite de audiencia previa antes de llevar a cabo un despido disciplinario. Este veredicto marca un hito al exigir a las empresas que brinden a los empleados la oportunidad de defenderse antes de finalizar su contrato laboral basándose en razones disciplinarias.
La decisión judicial se apoya en el artículo 7 del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por España en 1986, que consagra el derecho de los trabajadores a ser escuchados, subrayando la protección de sus derechos y la prevención de decisiones arbitrarias por parte de las empresas. Hasta ahora, las compañías estaban autorizadas a efectuar tales despidos sin audiencia previa, a excepción de casos especiales, como los relacionados con representantes legales de los trabajadores o situaciones explícitas en convenios colectivos.
Según el Tribunal Supremo, evitar este trámite viola derechos fundamentales relativos a la dignidad y protección del trabajador. Por lo tanto, ha revisado esta postura, afirmando que el derecho a una defensa previa debe ser un principio general, con algunas excepciones aún no determinadas por el fallo.
Carles Valoira, de Valoira Abogados, destaca que «esta nueva interpretación no tendrá efectos retroactivos», lo que significa que los despidos efectuados antes de la sentencia no estarán sujetos a esta exigencia. En consecuencia, los procedimientos actuales que omitan la audiencia previa al trabajador serán automáticamente considerados improcedentes, lo que impulsa a las empresas a revisar sus protocolos y adaptar sus prácticas a la normativa vigente.
Esta sentencia exige a las empresas implementar una fase de audiencia previa para asegurar el derecho de defensa del operario y reducir al mínimo las posibilidades de litigios por despidos improcedentes. Valoira Abogados subraya la importancia de contar con un asesoramiento laboral actualizado para adaptarse adecuadamente a estos nuevos requerimientos legales, asegurando así procedimientos disciplinarios apropiados y legítimos.
