El gobierno del expresidente Donald Trump ha elaborado un borrador de una orden ejecutiva que podría tener un impacto significativo en la regulación de la inteligencia artificial (IA) a nivel estatal. Este enfoque, según expertos, es profundamente erróneo. La futura orden tiene como objetivo castigar a aquellos estados que han implementado leyes para mitigar los efectos negativos de los sistemas de IA. Las disposiciones incluidas en el borrador indican que se instruirá a las agencias federales para presentar desafíos legales contra estas regulaciones estatales, las cuales la administración considera «onerosas». Además, se plantea restringir la financiación federal a los estados que mantengan tales leyes y establecer una normativa federal que anule las regulaciones estatales sobre IA.
El uso desmedido de sistemas de toma de decisiones automatizadas ya ha generado resultados discriminatorios en áreas críticas, como la vivienda, la atención médica, la aplicación de la ley y el empleo, afectando a grupos protegidos por la ley en función de su género, raza y otros atributos. Las leyes estatales, aunque no perfectas, representan intentos auténticos de abordar estos problemas y proteger a los ciudadanos de los daños causados por el uso inadecuado de la IA.
Por ejemplo, la Ley de IA de Colorado ha sido mencionada explícitamente por el borrador como un ejemplo de legislación excesiva. Sin embargo, esta ley es un paso limitado pero crucial hacia la protección de las personas contra los daños que puede ocasionar la IA. Los expertos advierten que el enfoque de la administración Trump en la anulación de regulaciones estatales podría facilitar aún más el uso discriminatorio de sistemas automatizados, en lugar de corregirlo.
La intención de prohibir que los estados actúen sobre la regulación de la IA podría obstaculizar el progreso en la materia. Anteriores tentativas como la orden ejecutiva y propuestas similares están orientadas a dañar futuros esfuerzos por parte de los estados en esta materia. Las organizaciones que desarrollan software de IA han invertido grandes sumas en cabildeo para frenar estos avances legales, y una orden ejecutiva de este tipo podría respaldar esos intentos desde el gobierno federal.
El debate sobre la regulación de la inteligencia artificial se intensifica, y con ello, el futuro de la protección contra los riesgos asociados a la IA se encuentra en un delicado equilibrio.
Fuente: EFF.org
