La Ley de Segunda Oportunidad (LSO), implementada en 2015 y reformada en 2022, ha sido diseñada para ofrecer un segundo chance a aquellas personas físicas, incluyendo a los autónomos, que enfrentan dificultades económicas. Esta normativa permite la exoneración total o parcial de deudas para aquellos que no disponen de activos o patrimonio suficiente para satisfacer sus obligaciones, siempre que se demuestre buena fe en el proceso.
A pesar de su existencia durante casi una década, el desconocimiento sobre esta ley es notable. Según una encuesta reciente realizada por Legálitas, el 63% de los españoles aún no está al tanto de su existencia. Sin embargo, los datos también muestran que un 30% de los encuestados reconoce haber oído hablar de la LSO, y un 7% de ellos ha decidido acogerse a esta ley para intentar regularizar su situación financiera.
La Ley de Segunda Oportunidad ofrece a los deudores dos posibles vías bajo las cuales pueden avanzar. En primer lugar, la exoneración del pasivo insatisfecho, que puede realizarse mediante la liquidación de bienes o, en el caso de no tener activos realizables, sin necesidad de liquidar. En segundo lugar, se contempla la posibilidad de un plan de pagos, que debe ser aprobado por un juez y se ajusta a la capacidad económica del deudor.
Para acceder a cualquiera de estas opciones, es fundamental que el deudor se encuentre en una situación de insolvencia, es decir, que sus deudas superen sus ingresos al punto de no poder hacer frente a los pagos. Además, se requiere que no existan antecedentes penales económicos y que los bienes que se ofrezcan sean libres de cargas, permitiendo así la posibilidad de liquidar parte o la totalidad de la deuda.
El procedimiento para solicitar la Ley de Segunda Oportunidad implica la presentación de un escrito inicial que debe estar firmado por un abogado y un procurador ante el juzgado correspondiente. Dada la complejidad de este proceso, Legálitas aconseja que los interesados consulten con especialistas que puedan evaluar su situación y proporcionar el asesoramiento necesario para abordar su caso de manera adecuada.
La creciente preocupación entre los ciudadanos sobre la gestión de deudas ha llevado a que Legálitas reciba un volumen constante de consultas, con decenas de llamadas semanales de personas buscando aclaraciones sobre sus opciones frente a dificultades financieras.
