Cada día, las corporaciones rastrean nuestros movimientos a través de escáneres de matrículas, creando perfiles detallados de nuestros desplazamientos, los horarios y las personas que visitamos. Cuando estas prácticas violan las leyes de privacidad de datos, sufrimos un daño tangible. No deberíamos tener que demostrar un perjuicio adicional, como una lesión física o pérdida económica, para poder llevar el caso a los tribunales.
Por esta razón, la Electronic Frontier Foundation (EFF) se ha unido a un escrito de amicus en el caso Mata contra Digital Recognition Network, una demanda presentada por conductores contra una corporación que supuestamente infringió una ley de California que regula los Lectores Automáticos de Matrículas (ALPR). El tribunal de primera instancia desestimó erróneamente el caso, interpretando la ley de privacidad de datos de manera que exigía pruebas de daños adicionales más allá de la violación de la privacidad. Este escrito fue elaborado por la ACLU de California del Norte, la Clínica Juelsgaard de Stanford y el Centro para la Democracia Constitucional de la Universidad de California en San Francisco.
El escrito expone que este caso plantea cuestiones críticas sobre si una ley de privacidad de California, creada para proteger a las personas de la vigilancia dañina, es realmente una herramienta efectiva para salvaguardar sus derechos y seguridad. La Constitución y las leyes de California facultan a los ciudadanos a desafiar la vigilancia nociva desde su origen, sin esperar a que las repercusiones se manifiesten en daños adicionales.
El demandado, Digital Recognition Network, también conocido como DRN Data, es una subsidiaria de Motorola Solutions que proporciona acceso a una vasta base de datos de ALPR recopilada por contratistas privados. Sus clientes incluyen agencias de seguridad pública y empresas privadas, como aseguradoras y prestamistas. DRN es hermano de la infame empresa de vigilancia Vigilant Solutions y, junto con ella, ha proporcionado datos a ICE mediante un contrato con Thomson Reuters.
Las consecuencias de una débil protección de la privacidad se están evidenciando a lo largo del país. Solo en este año, las autoridades de varios estados han utilizado lectores de matrículas para rastrear a personas que buscan atención sanitaria reproductiva. Policías han empleado estos sistemas para acosar a exparejas y vigilar a activistas políticos, mientras que ICE ha accedido a estas redes para localizar a inmigrantes y sus familias con fines de deportación.
El resultado de este caso podría determinar si las leyes de privacidad tienen un valor real o si son solo palabras sin efecto. Si las corporaciones pueden recopilar información personal sin repercusiones, sabiendo que solo se puede actuar si se prueba un daño físico o económico, las leyes de privacidad perderán su relevancia. Es necesario contar con leyes de privacidad de datos robustas que faciliten el derecho a la acción privada, permitiendo así que las personas puedan demandar a las empresas que vulneren sus derechos.
La lucha por la privacidad no se limita a tecnicismos legales; se trata de preservar el derecho de las personas a moverse por el mundo sin ser constantemente rastreadas y catalogadas por empresas que buscan lucrar con su información personal.
Fuente: EFF.org
