La monitorización electrónica (EM) se presenta a menudo en los procesos penales como una alternativa «humana» a la encarcelación, pero esta tecnología ha demostrado ser igual de punitiva que el encarcelamiento en muchas ocasiones. Originalmente concebida como una herramienta destinada a mejorar la seguridad pública y reducir la población carcelaria, EM se ha utilizado cada vez más como requisito para la libertad condicional, la libertad bajo fianza, la libertad vigilada y hasta en situaciones de detención civil. Sin embargo, el uso de esta tecnología plantea serias infracciones a la libertad, la privacidad y el debido proceso tanto para quienes son monitorizados como para las personas con las que interactúan.
Los dispositivos de EM a menudo transforman los hogares en cárceles digitales. La imposición de restricciones severas, incluidas las zonas de exclusión y los toques de queda, puede dar lugar a arrestos por violaciones técnicas, como la baja carga de la batería o problemas de señal GPS. Esto genera un entorno en el que cuidar de uno mismo y reintegrarse a la sociedad se convierte en una ardua tarea llena de complicaciones. Las repercusiones psicológicas y el estigma social asociados al uso de EM son especialmente significativos para las poblaciones vulnerables.
Aunque muchas personas relacionan la EM con dispositivos voluminosos para el tobillo, la tecnología ha evolucionado considerablemente, pasando a incluir dispositivos más sofisticados como relojes inteligentes y aplicaciones móviles. Además, la pandemia de COVID-19 aceleró la adopción de la EM, llevando a algunos jueces a ampliar su uso en el contexto de la crisis sanitaria, lo que condujo a que ciertas jurisdicciones se quedaran sin dispositivos de monitorización convencionales.
A medida que el número de personas sometidas a EM sigue aumentando, los abogados defensores han adquirido un papel crucial en la lucha contra la imposición excesiva de esta tecnología. Las estrategias de defensa incluyen cuestionar la constitucionalidad de los programas de EM y presentar desafíos individualizados al uso de esta tecnología en casos de libertad bajo fianza.
Los derechos garantizados por la Cuarta Enmienda de la Constitución amenazan ser vulnerados debido a la invasividad de EM. A medida que la tecnología avanza y se recopila información más detallada, los tribunales han empezado a reconocer que estas nuevas herramientas representan amenazas más serias a la privacidad. Casos recientes han resaltado la necesidad de que estas tecnologías sean objeto de un análisis detallado dentro del marco constitucional.
Por otro lado, los abogados defensores pueden argumentar que la falta de audiencias adecuadas y la imposición de EM sin una evaluación individualizada violan los derechos al debido proceso. Las implicaciones financieras del EM también son preocupantes, ya que las tarifas asociadas con estos dispositivos pueden castigar desproporcionadamente a los clientes indigentes.
Las leyes estatales a menudo ofrecen protecciones más robustas que las del ámbito federal, permitiendo a los abogados defensores desafiar las condiciones de EM que vulneran derechos fundamentales. Sin embargo, el uso irresponsable y poco supervisado de la tecnología puede conducir a problemas como las falsedades en las alertas de violación.
Finalmente, para combatir efectivamente la EM, será crucial que los abogados creen un registro detallado que permita argumentar en instancias superiores. La evolución del entorno carcelario exige que los abogados permanezcan proactivos en la defensa de los derechos de sus clientes y en la denuncia de las fallas inherentes a un sistema que cada vez más recurre a la vigilancia electrónica.
Fuente: EFF.org
