Organizaciones defensoras de la libertad de expresión, como EFF, Access Now y Article 19, han dirigido una carta al Comisionado de Mercados Internos de la Unión Europea, Thierry Breton, solicitando una clarificación sobre su entendimiento del término «riesgos sistémicos» en el marco de la Ley de Servicios Digitales (DSA). La misiva surge como respuesta a una comunicación previa de Breton, donde instaba a una plataforma de redes sociales a asegurar el cumplimiento de la DSA en el contexto de disturbios de extrema derecha en el Reino Unido, así como en relación con una conversación programada entre el candidato presidencial estadounidense Donald Trump y el CEO de la plataforma, Elon Musk, que fue transmitida en vivo poco después de la publicación de la carta.
Los firmantes destacan la necesidad de clarificación, argumentando que la carta de Breton puede interpretarse como un intento de sobrepasar la autoridad de la UE y transformar un enfoque basado en riesgos sistémicos en una herramienta de censura de discursos considerados no deseados a nivel mundial. Al hacer referencia directa al evento de Trump y Musk, los críticos sostienen que Breton contradice uno de los principios fundamentales de la DSA, que es garantizar la protección de los derechos fundamentales, incluidas la libertad de expresión y de información.
El enfoque de la DSA obliga a las plataformas en línea más grandes a evaluar los riesgos sistémicos derivados del uso de sus servicios en la Unión. A su vez, se les exige implementar medidas de mitigación que sean razonables y efectivas, concebidas específicamente para los riesgos identificados. Este marco fue trabajado arduamente por grupos de la sociedad civil para evitar que la DSA se convirtiera en un instrumento para sancionar incidentes individuales de difusión de contenido que, aunque legal, pudiera ser problemático.
Sin embargo, la reciente carta de Breton menciona que está monitoreando «debates y entrevistas en el contexto de elecciones» por los «posibles riesgos» que podrían representar en la UE. Los firmantes consideran que este tipo de eventos es de interés público y merece una protección sólida. La difusión de información de relevancia y actualidad no debe ser considerada un riesgo sistémico en sí misma, ya que los ciudadanos tienen el derecho de acceder a esta información a través de plataformas en línea.
Asimismo, se critica que la carta de Breton no distingue adecuadamente entre contenido «ilegal» y «dañoso», sugiriendo una inclinación de la Comisión hacia restricciones de contenido específico de discursos legítimos. Este punto es crucial, ya que la Comisión Europea ha reconocido previamente que el contenido dañino no debe tratarse de la misma forma que el contenido ilegal. La carta de Breton, al referirse al «riesgo de amplificación de contenido potencialmente dañino», parece mezclar ambos términos, lo que podría tener implicaciones graves en términos de derechos de expresión.
Por último, las organizaciones expresan su preocupación de que la Comisión esté excediendo su mandato geográfico, al no quedar claro cómo los eventos que ocurren fuera de la UE pueden estar relacionados con riesgos que afecten a los residentes dentro de la unión. La carta admite que la evaluación de estos riesgos aún está en proceso y que el daño es solo una posibilidad, lo que añade incertidumbre a las expectativas sobre las acciones que deben tomar las plataformas. En este contexto, los firmantes del DSA Human Rights Alliance han abogado por un enfoque centrado en los derechos humanos que contemple los efectos globales de la DSA, instando a la Comisión a priorizar sus acciones en consecuencia.
Fuente: EFF.org
