La Policía de San Francisco está en el centro de una controversia tras revelarse que compartió datos de lectores automáticos de matrículas (ALPR) con agencias federales y de otros estados. Esta práctica ha sido denunciada por la Fundación Electrónica Fronteriza (EFF) y la ACLU del Norte de California, quienes argumentan que constituye una violación directa de la ley californiana, poniendo en riesgo a todos los conductores en la ciudad, y siendo particularmente peligrosa para inmigrantes y personas que buscan servicios de aborto.
Recientemente, se enviaron cartas al Departamento de Policía de San Francisco solicitando registros bajo la Ordenanza Sunshine de la ciudad, en respuesta a un informe que reveló que la policía proporcionó acceso directo a su base de datos de ALPR a agencias que no pertenecen a California. Se descubrió que al menos 19 de las búsquedas realizadas por estas agencias estaban relacionadas con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Además, agencias de estados como Georgia y Texas, conocidos por sus estrictas restricciones en la atención reproductiva, también accedieron a la base de datos.
Los lectores ALPR son cámaras que capturan los movimientos de los vehículos y almacenan la ubicación en una base de datos que puede ser consultada y compartida. Esta tecnología de vigilancia masiva recopila datos de todos los vehículos en la carretera de manera indiscriminada. Actualmente, el Departamento de Policía de San Francisco opera 415 cámaras ALPR adquiridas a la empresa Flock Safety.
Desde 2016, compartir datos de ALPR con agencias fuera del estado o federales viola la ley californiana. Si estos datos se comparten para ayudar en la aplicación de la ley de inmigración, también se infringen las disposiciones de otra ley estatal. El informe indica que se permitieron a las fuerzas del orden de otros estados realizar 1.6 millones de búsquedas en la base de datos de SFPD. La carta enviada por EFF y la ACLU afirma que esta práctica no solo viola la ley, sino que también expone información sensible sobre la ubicación de los conductores a un uso indebido por parte del gobierno federal y de estados que carecen de las robustas protecciones de privacidad que ofrece California.
Las organizaciones han instado a la Policía de San Francisco a realizar una auditoría exhaustiva de su base de datos de ALPR, implementar nuevos protocolos para asegurar el cumplimiento legal y tomar medidas disciplinarias contra cualquier empleado que haya compartido información de ALPR con entidades fuera del estado.
A pesar de las afirmaciones de la policía de que las agencias externas ya no tienen acceso a la base de datos, no se ha aclarado cómo obtuvieron acceso inicialmente o qué medidas se implementarán para prevenir futuras violaciones de la ley. Grupos de derechos civiles han advertido que muchas agencias en California continúan desatendiendo estas leyes, lo que pone en riesgo la información sensible de la ubicación de los ciudadanos, mientras que las agencias federales ejecutan operaciones de control migratorio y varios estados refuerzan restricciones severas en derechos reproductivos. La responsabilidad de las agencias californianas, como el SFPD, es proteger los derechos de sus residentes, independientemente de su reconocimiento en otras jurisdicciones.
Fuente: EFF.org
