La Electronic Frontier Foundation (EFF) ha interpuesto una nueva demanda contra la Consumer Product Safety Council (CPSC) con el objetivo de garantizar que el público tenga acceso completo a las leyes que rigen su vida cotidiana. La demanda fue presentada a nombre de Public.Resource.Org, una pequeña organización sin fines de lucro fundada por Carl Malamud, defensor del acceso a los registros públicos, cuya misión es hacer la información gubernamental más accesible.

Public.Resource.Org se dedica a adquirir y poner a disposición en línea una amplia variedad de documentos públicos, incluyendo declaraciones de impuestos, videos producidos por el gobierno y normas federales relacionadas con la seguridad y el diseño de productos. Estas normas son inicialmente creadas por organizaciones de estándares privados y luego se incorporan a la legislación federal. Sin embargo, a menudo estas normativas son difíciles de acceder, lo que impide que el público pueda leerlas, compartirlas o comentarlas.

En colaboración con la Clínica de Ciberlegal de la Universidad de Harvard, Public.Resource ha estado presentando solicitudes bajo la Ley de Libertad de Información a la CPSC para obtener copias de los códigos de seguridad de los productos infantiles, un ámbito que despierta gran interés entre los defensores de la seguridad infantil y los consumidores, así como entre las familias que utilizan estos productos. No obstante, la CPSC ha declarado que no puede hacer públicos estos códigos, ya que la asociación privada que coordinó su desarrollo inicial asegura que retiene los derechos de autor sobre ellos, incluso después de que han sido adoptados como ley. Esta situación es comparable a que un cabildero que redactó una nueva ley fiscal controle quién puede leerla o compartirla, aun después de que se convierta en un mandato legal.

Ante reclamaciones similares, algunos tribunales, como el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, han sostenido que los códigos de seguridad pierden la protección de derechos de autor al ser incorporados a la ley. Por otro lado, en otras instancias, como la del Circuito de D.C., se ha dictaminado que incluso si las normas pierden la protección de derechos de autor una vez incorporadas, su acceso y utilización en línea son un uso justo lícito.

Ahora, la EFF se ha unido a la Clínica de Ciberlegal para continuar esta batalla. La demanda busca que un tribunal declare que los derechos de autor no son un obstáculo para acceder y compartir las normas que deben garantizar la seguridad de nuestro entorno y de los productos que utilizamos a diario. Ante los crecientes ataques al estado de derecho en el país, se hace más urgente que nunca defender nuestro derecho a leer y hablar sobre la ley sin restricciones.
Fuente: EFF.org