La Electronic Frontier Foundation (EFF), una organización legal que ha defendido los derechos de los usuarios de tecnología durante casi 35 años, ha expresado su firme apoyo al desafío realizado por el bufete de abogados Perkins Coie en contra de una reciente orden ejecutiva emitida por la administración Trump. Esta orden ha sido calificada como sorprendente, vengativa e inconstitucional, al castigar al bufete por su defensa apasionada de sus clientes, lo que, según la EFF, infringe la Primera Enmienda, el estado de derecho y los principios del ejercicio legal en general.
La EFF destaca que las demandas contra el gobierno federal son un componente vital del sistema de controles y equilibrios que sostiene la democracia estadounidense. Estas acciones judiciales reflejan una confianza en el poder judicial para resolver estos asuntos de manera justa y en la capacidad del ejecutivo para acatar esas decisiones. Históricamente, este marco ha sido esencial para prevenir el autoritarismo y ha formado parte del corpus de la jurisprudencia estadounidense desde el caso de Marbury v. Madison en 1803.
La fundación advierte que la ejecución de la orden ejecutiva no solo alteraría el funcionamiento de la justicia, sino que también establecería un precedente alarmante, en el que los despachos de abogados que representan a clientes en contra de la administración en el poder podrían ser castigados por cumplir con su deber profesional.
Entre las numerosas preocupaciones constitucionales que suscita la orden ejecutiva, se encuentran el intento del gobierno de distorsionar el sistema legal al controlar qué argumentos pueden presentar los abogados. Además, se considera que la orden es una represalia inconstitucional por el ejercicio de un discurso protegido durante la representación de los clientes de Perkins Coie. Además, se argumenta que la orden actúa como un juramento de lealtad ilegal para la profesión legal, condicionando el acceso a los tribunales federales y relaciones con contratistas gubernamentales a la lealtad hacia el ejecutivo.
Los defensores de las libertades civiles, como la EFF, dependen del estado de derecho y el acceso a los tribunales para proteger los derechos fundamentales de sus clientes y del público en general. Desde esta perspectiva, se sostiene que la orden ejecutiva representa un ataque directo a los principios fundamentales de la democracia estadounidense y se exige su anulación inmediata por parte de los tribunales, así como una condena unánime por parte de toda la profesión legal.
Fuente: EFF.org
