La Electronic Frontier Foundation (EFF) ha presentado un informe amicus en el caso Trabajadores v. Bessent, que aborda la polémica sobre la compartición de información fiscal personal protegida por parte del Servicio de Impuestos Internos (IRS) con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para fines de aplicación de la ley de inmigración. La EFF, con su experiencia en privacidad y compartición de datos, subraya que estas acciones gubernamentales tienen consecuencias tangibles en la vida de los ciudadanos.
El informe expone que la compartición de datos del IRS, especialmente a gran escala, resulta inapropiada y deja a los contribuyentes vulnerables ante errores inevitables. Esto no solo socava la confianza en las instituciones civiles, sino que también pone en riesgo la efectividad de las mismas. La EFF argumenta que este tipo de divulgación de información siempre ha sido objeto de cuidado y protección.
El documento se sostiene en dos argumentos clave. Primero, anota que, si la Ley de Reforma Fiscal, que otorga al IRS la autoridad para compartir datos, se considera ambigua, esta debería interpretarse según la intención legislativa y el contexto histórico, lo que desalienta la divulgación de dicha información. Se sostiene que el cambio abrupto en la interpretación de las normativas por parte de la administración puede considerarse una acción arbitraria y caprichosa.
El segundo argumento plantea que, según los expertos en datos, al intentar verificar información en bases de datos parcialmente identificables, es probable que surjan errores. Tales fallos pueden surgir de problemas comunes como información desactualizada, errores de entrada y datos incorrectos proporcionados por los contribuyentes. Si se pretende compartir información que afecta a cientos de miles de contribuyentes, estos errores se multiplicarán, lo que podría llevar a objetivos equivocados, detenciones y deportaciones, así como poner en riesgo la integridad física de los ciudadanos.
La EFF resalta que las divisiones de información en el gobierno están diseñadas para proteger la privacidad individual y prevenir abusos. Las preocupaciones que motivaron la promulgación de leyes como la Ley de Privacidad de 1974 son las mismas que fundamentan la oposición a la compartición de datos entre el IRS y el DHS. La Ley de Reforma Fiscal se creó para asegurarse de que la información recabada para un propósito no fuera utilizada para otro, y las violaciones a esta norma ponen en riesgo a los contribuyentes.
Además, la doctrina de la tributación en los Estados Unidos se basa en un acuerdo simple: el gobierno exige impuestos a aquellos que trabajan en el país, y, a cambio, promete que los datos proporcionados no se utilizarán en su contra. Este principio ha fomentado la presentación de impuestos, incluso por parte de inmigrantes indocumentados, y su quiebre puede tener repercusiones graves, como una reducción en la recaudación futura de impuestos.
La EFF concluye subrayando que la consolidación de información gubernamental entre diferentes agencias es una receta para el desastre. Al unir órganos responsables de salud, impuestos y apoyo financiero con aquellos que aplican la ley y vigilan a los ciudadanos, se pone en riesgo la privacidad y los derechos de los contribuyentes. Por ello, la EFF aboga en favor de la privacidad de los contribuyentes al presentar este informe amicus en el caso Trabajadores v. Bessent.
Fuente: EFF.org
