Un grupo de organizaciones defensoras de los derechos civiles, incluida la Asociación Nacional de Libertades Civiles (ACLU) y la Electronic Frontier Foundation (EFF), ha presentado un escrito de amicus curiae ante el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de Estados Unidos. En este documento, se insta al tribunal a exigir una orden judicial para las búsquedas de dispositivos electrónicos en la frontera, una postura que la EFF ha sostenido durante casi una década tanto en los tribunales como en el Congreso.
El caso en cuestión, conocido como U.S. v. Roggio, involucra a un hombre que estaba siendo investigado por exportaciones ilegales y que fue detenido al regresar a Estados Unidos a través del aeropuerto JFK. Los agentes de frontera aprovecharon la situación para realizar búsquedas sin orden de varios de sus dispositivos electrónicos, incluidos un portátil, una tableta y un teléfono móvil. El tribunal de primera instancia desestimó la solicitud de Roggio para suprimir las pruebas obtenidas por estas búsquedas irregulares, lo que resultó en su condena por exportación ilegal de piezas de fabricación de armas.
El número de búsquedas sin orden judicial de dispositivos electrónicos en las fronteras está en aumento. En el año fiscal 2025, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. realizó más de 55,000 búsquedas, tanto manuales como forenses. Mientras que una búsqueda manual implica interacciones básicas con un dispositivo, una búsqueda forense se realiza utilizando herramientas que extraen y analizan datos, lo que permite a los funcionarios acceder a información en dispositivos bloqueados o encriptados.
La Corte Suprema de EE. UU. ha reconocido durante más de un siglo una excepción de búsqueda en la frontera a la Cuarta Enmienda, que permite búsquedas no solo sin orden, sino también sin sospecha en artículos cruzando la frontera. Sin embargo, los defensores de los derechos civiles argumentan que el interés de privacidad de los viajeros en sus dispositivos electrónicos es significativamente mayor que en objetos físicos como maletas.
El escrito presentado argumenta que la Corte Suprema debería aplicar su prueba de equilibrio del caso Riley v. California de 2014, que establece que se necesita una orden para acceder a los datos de un teléfono celular tras un arresto. Según este razonamiento, las inquietudes de privacidad de los viajeros respecto a sus dispositivos electrónicos son comparables, y las búsquedas de datos digitales en la frontera deberían estar justificadas solo por sospechas razonables de que se oculta material digital ilícito.
La EFF y la ACLU esperan que el Tercer Circuito establezca un precedente que fortalezca los derechos de los viajeros bajo la Cuarta Enmienda al limitar las búsquedas de dispositivos electrónicos en la frontera.
Fuente: EFF.org