La Electronic Frontier Foundation (EFF) ha presentado comentarios a la Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y sus subcomponentes, U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS), instándolos a abandonar una propuesta que busca recolectar identificadores de redes sociales en formularios para beneficios migratorios. Esta recolección ampliaría aún más los esfuerzos del gobierno para someter a los inmigrantes a vigilancia en redes sociales, lo que afectaría su privacidad y podría inhibir su derecho a la libertad de expresión y de asociación por temor a ser denegados beneficios migratorios críticos.
La normativa propuesta obligaría a los solicitantes a revelar sus identificadores de redes sociales en nueve formularios migratorios, incluyendo aplicaciones para residencia permanente y naturalización, lo que impactaría a más de 3.5 millones de personas al año. USCIS argumenta que esta recolección es necesaria para verificar identidades y realizar filtrados de seguridad nacional, en cumplimiento de la Orden Ejecutiva 14161. Por otra parte, USCIS también ha anunciado que estará buscando actividad “antisemitista” en redes sociales como motivo para denegar beneficios de inmigración, lo cual se relaciona con la propuesta, aunque no se menciona explícitamente.
Adicionalmente, un día después de la publicación de la propuesta, se reportó que el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia y el DHS confirmaron una colaboración conjunta denominada “Atrapar y Revocar”, que utiliza herramientas de inteligencia artificial para analizar las cuentas de redes sociales de estudiantes con visa en busca de opiniones relacionadas con el sentimiento “pro-Hamas” o actividad “antisemitista”.
Este no es el primer intento del gobierno en recolectar identificadores de redes sociales para monitorear a no ciudadanos. En 2019, por ejemplo, el Departamento de Estado implementó una política que requería a los solicitantes de visa y exención de visa revelar sus identificadores en aproximadamente 20 plataformas de redes sociales durante los últimos cinco años, afectando a más de 14.7 millones de personas anualmente. EFF se unió a un amplio contingente de organizaciones de derechos civiles y humanos para objetar esa recolección, que actualmente es objeto de litigio en el caso Doc Society v. Blinken, llevado por dos organizaciones cinematográficas documentales.
La diferencia entre la propuesta actual y el programa existente del Departamento de Estado radica en que la mayoría de los no ciudadanos que se verían afectados por esta nueva norma residen legalmente en Estados Unidos, lo que les otorgaría protecciones constitucionales.
En sus comentarios, EFF subrayó que la vigilancia de redes sociales, incluso de contenido público, puede comprometer los intereses de privacidad al recopilar una gran cantidad de información sobre el solicitante de beneficios migratorios, así como sobre personas en su red, incluidos ciudadanos estadounidenses. La inmensa cantidad de datos y su naturaleza interconectada hacen que esta recolección sea especialmente problemática.
Se argumentó, además, que la propuesta permitiría la recolección y consideración de discurso protegido por la Primera Enmienda, incluyendo discurso político fundamental y comunicaciones anónimas. Esto podría llevar a un efecto de inhibición, ya que los solicitantes de beneficios migratorios tendrían que elegir entre renunciar a beneficios vitales o autocensurarse para evitar el escrutinio del gobierno. Para asegurar que una solicitud de naturalización no sea rechazada, por ejemplo, un solicitante podría evitar expresar opiniones controvertidas sobre la política exterior estadounidense.
La EFF ha instado al DHS y USCIS a abandonar esta peligrosa propuesta.
Fuente: EFF.org
