La prohibición de registros masivos de dispositivos electrónicos por parte de las autoridades está en el centro de un caso que ha captado la atención de defensores de los derechos civiles en Estados Unidos. La Corte de Apelaciones del Décimo Circuito está evaluando el caso «Armendariz contra la Ciudad de Colorado Springs», donde se reclama que se violaron derechos civiles tras el uso excesivo de registros de datos electrónicos por parte de la policía en relación con una manifestación por derechos habitacionales en 2021 que las autoridades consideraron «ilegal».
Los demandantes, Jacqueline Armendariz y el Chinook Center, una organización local, argumentan que las búsquedas realizadas por la policía tras la manifestación, incluída la confiscación de varios dispositivos electrónicos, son un abuso de poder que infringe sus prerrogativas constitucionales. Según el relato, un oficial arrestó a Armendariz bajo el cargo de intentar agredirlo con su bicicleta, a pesar de que no hubo contacto físico. Este arresto se utilizó como justificación para obtener órdenes de registro que permitieron a la policía acceder a datos personales y mensajes en un amplio rango de dispositivos, así como a información detallada en las redes sociales del Chinook Center.
Los defensores de la causa subrayan que la Cuarta Enmienda establece que las órdenes de registro deben cumplir con requisitos estrictos de causa probable y especificidad, algo que, según su argumentación, no ocurrió en este caso. Las órdenes permitieron búsquedas invasivas que podrían desvelar información íntima sobre los individuos, lo que plantea preocupaciones sobre la privacidad y la libertad de expresión.
El caso se presenta en un contexto en el que se ha señalado que tácticas policiales como estas pueden llevar a la represión del derecho a la protesta, creando un ambiente en el que los manifestantes podrían sentirse intimidados para participar en futuras acciones. La posibilidad de que la policía recurra a registros masivos de datos al amparo de arrestos por delitos menores podría desincentivar la participación activa en movimientos sociales.
Organizaciones como la ACLU de Colorado, que representa a los demandantes, han apoyado la apelación, argumentando que la continuación del caso es crucial para proteger no solo los derechos de los involucrados, sino también los principios constitucionales más amplios que salvaguardan la libertad de expresión y la asociación. El fallo del tribunal podría tener implicaciones significativas para la manera en que las fuerzas del orden interactúan con los derechos de los ciudadanos durante manifestaciones y protestas en el futuro.
Fuente: EFF.org
