La Fundación Electrónica Fronteriza (EFF) ha tomado la iniciativa de demandar al Departamento del Sheriff del Condado de San Joaquín en California, buscando obtener acceso a documentos que revelen qué tecnologías de vigilancia están comprando las fuerzas del orden y a qué precios. La acción legal, conocida como Pen-Link v. County of San Joaquin Sheriff’s Office, surge en respuesta a un intento de la empresa Pen-Link de bloquear la divulgación de contratos no redactados entre la compañía y la oficina del sheriff, argumentando que esta información es un secreto comercial.
La EFF presentó una moción en la Corte Superior de California para unirse a la demanda existente y obtener registros que solicitó anteriormente. La oficina del sheriff había proporcionado 40 páginas de documentos redactados, pero omitió información clave sobre los productos y servicios adquiridos de Pen-Link y su filial Cobwebs Technologies, dado que la empresa solicitó que se ocultara esta información.
Este caso pone de manifiesto la lucha por la transparencia en el uso de tecnologías de vigilancia que son financiadas con dinero de los contribuyentes. La EFF sostiene que el público tiene derecho a conocer los detalles de cómo se utilizan dichos fondos y que esta información no puede considerarse un secreto comercial, a pesar de los intentos de las empresas privadas de resguardarla.
Pen-Link es conocida por sus herramientas de interceptación de comunicaciones, mientras que Cobwebs se especializa en plataformas de inteligencia web que han sido objeto de críticas por su potencial para apuntar a activistas y periodistas independientes. La EFF busca asegurar que los registros sean divulgados al público, argumentando que permitir que Pen-Link mantenga esta información en secreto socavaría los derechos de transparencia del gobierno y fomentaría una mayor vigilancia de los ciudadanos.
El caso, catalogado como una demanda pública de registros "inversa", se considera poco común, ya que tradicionalmente se utiliza para proteger derechos de privacidad individuales, no los presuntos secretos comerciales de una empresa. Un fallo favorable podría sentar un precedente importante respecto al acceso público a la información sobre tecnologías de vigilancia utilizadas por las agencias gubernamentales.
La EFF mantiene que es crucial que las comunidades estén informadas sobre las herramientas de vigilancia que utilizan sus gobiernos para poder participar en conversaciones significativas sobre su uso. La batalla legal está en marcha, y la EFF espera que el tribunal acepte su moción, permitiendo así que la demanda continúe y se logre la divulgación de información que tiene un impacto directo sobre la privacidad y la transparencia ciudadana.
Fuente: EFF.org
