El descubrimiento de un embarazo puede generar un torbellino emocional en la persona afectada. Desde la alegría hasta la incertidumbre o incluso la angustia, las reacciones son diversas y dependen de las circunstancias de cada uno. En este contexto, los próximos pasos a seguir suelen incluir la necesidad de compartir esta información personal con un proveedor médico o un consejero mientras se exploran las distintas opciones disponibles.
Para algunas personas, la elección natural es consultar a su obstetra de confianza o acudir a una clínica de Planned Parenthood. Sin embargo, otros podrían optar por dirigirse a un centro de embarazo en crisis (CPC, por sus siglas en inglés). El problema es que algunas de estas instalaciones no priorizan ni protegen adecuadamente la privacidad de sus clientes.
Los CPCs, a menudo vinculados a organizaciones religiosas y con una fuerte postura antiabortista, ofrecen una variedad de servicios que pueden incluir pruebas de embarazo, asesoramiento e información, así como algunos servicios médicos limitados. Sin embargo, carecen de asistencia en salud reproductiva como el aborto y, en muchos casos, la anticoncepción. Aunque algunos podrían estar legalmente autorizados, la mayoría no lo está. En 2022, estos centros generaron ingresos cercanos a 1.400 millones de dólares, muchos de ellos provenientes de fondos federales y estatales.
Investigadores del Campaign for Accountability presentaron el año pasado varias quejas dirigidas a los fiscales generales de cinco estados—Idaho, Minnesota, Washington, Pennsylvania y Nueva Jersey—solicitando una investigación sobre la posible tergiversación por parte de los CPCs en cuanto a la protección de la información de los clientes, sugiriendo erróneamente que esta estaba amparada por la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro de Salud (HIPAA).
Un incidente en Luisiana intensificó las preocupaciones respecto a la privacidad, en el cual un video de entrenamiento reveló accidentalmente los nombres y la información personal de varios clientes. Este tipo de prácticas no son exclusivas de esos estados. En Missouri, por ejemplo, el sitio web de un centro de ayuda al embarazo afirma proporcionar información sobre derechos y prácticas relacionadas con la salud privada según la HIPAA, aunque la realidad puede ser diferente.
La falta de protección de la privacidad se extiende a otros estados como Florida, Texas y Arkansas, donde se puede encontrar un lenguaje similar en las páginas web de estos centros. A menudo, se carece de suficientes protecciones para la privacidad de usuarios e individuos, quienes tienen poco control sobre cómo se recopila, almacena y utiliza su información personal. Ante la ausencia de una ley integral de privacidad a nivel federal que incluya derechos de acción privada, es crucial que los fiscales generales estatales tomen medidas proactivas para salvaguardar a sus comunidades de prácticas engañosas.
Independientemente de las opiniones sobre la salud reproductiva, el consenso debería ser que la privacidad es un derecho humano fundamental y que los consumidores merecen transparencia. Las autoridades elegidas tienen la responsabilidad de asegurar que la información personal, especialmente los datos médicos sensibles, esté adecuadamente protegida.
Fuente: EFF.org
