Hoy, el Comité Judicial del Senado está llevando a cabo una audiencia titulada “Defendiendo Contra Drones: Estableciendo Salvaguardias para las Autoridades de Sistemas de Aeronaves No Tripuladas”. Mientras que el gobierno tiene un interés legítimo en monitorear y mitigar amenazas relacionadas con drones, es fundamental que esos poderes se definan de manera precisa. Deben existir mecanismos de control y supervisión robustos para prevenir abusos y permitir que las personas, que siguen la ley, puedan ejercer sus derechos.
Sin embargo, como han señalado diversas organizaciones de la sociedad civil, propuestas anteriores no han abordado adecuadamente estas necesidades. El Congreso debe elaborar reglas equilibradas que aborden todas estas prioridades, en lugar de otorgar de facto a las fuerzas del orden la autoridad para derribar vuelos de drones a su conveniencia. En última instancia, el Congreso debe decidir si los drones serán una tecnología que principalmente beneficie a agencias gubernamentales y grandes empresas, o si también empoderarán a los individuos.
Para avanzar de manera significativa en la estabilización de las autoridades de contrarresto de aeronaves no tripuladas (C-UAS) y abordar los problemas emergentes, el Congreso debería adoptar un enfoque más integral que considere el rango completo de riesgos e implemente las salvaguardias adecuadas. La futura legislación de C-UAS debería incluir prioridades esenciales para proteger las libertades civiles y asegurar la responsabilidad, tales como:
1. Salvaguardias fuertes y explícitas para actividades protegidas por la Primera Enmienda.
2. Asegurar la transparencia y exigir informes detallados.
3. Proporcionar debido proceso y recursos en caso de actividades impropias relacionadas con drones.
4. Exigir que la mitigación de C-UAS implique métodos menos invasivos.
5. Mantener límites razonables en la retención de datos recopilados.
6. Mantener una fecha de caducidad para los poderes de C-UAS a medida que los usos de drones continúan evolucionando.
El Congreso puede y debe abordar las preocupaciones de seguridad pública sin comprometer la privacidad y las libertades civiles. Las autoridades de C-UAS solo deben concederse con los límites claros mencionados anteriormente para ayudar a garantizar que estas se ejerzan de manera responsable. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el Centro para la Democracia y la Tecnología (CDT), la Fundación Fronteriza Electrónica (EFF) y el Centro de Información sobre Privacidad Electrónica (EPIC) han compartido estas preocupaciones con el Comité en una declaración conjunta.
Fuente: EFF.org
