A medida que se acerca el final de 2025, la situación del acceso a contenido online se vuelve cada vez más restrictiva en Estados Unidos, el Reino Unido y Australia, donde se exigen verificaciones de edad que incluyen la carga de identificaciones o escaneos faciales. Aunque estas leyes parecen tener la intención de proteger a los menores en internet, la realidad es que su implementación presenta serios problemas que afectan no solo a niños, sino también a adultos, en particular a aquellos que pertenecen a comunidades vulnerables.
Las leyes de verificación de edad, aunque pueden parecer una solución simple para mantener a los jóvenes a salvo, obligan a los usuarios a elegir entre sistemas de verificación de identificación obligatoria o escaneos biométricos. Ambos métodos son altamente discriminatorios y obstaculizan el derecho de todos a acceder a la información. De hecho, las estadísticas revelan que aproximadamente 15 millones de adultos en Estados Unidos no poseen una licencia de conducir, y 2.6 millones carecen de cualquier identificación emitida por el gobierno. Asimismo, las comunidades de color, como las personas negras e hispanas, enfrentan una menor probabilidad de contar con identificaciones actualizadas.
El uso de tecnologías de estimación de edad basadas en inteligencia artificial también ha demostrado ser problemático, dado que estas herramientas tienden a ser menos precisas para personas de antecedentes raciales diversos, lo que puede llevar a bloqueos injustos en el acceso a espacios en línea. Además, las personas con discapacidades y las personas transgénero o no binarias enfrentan obstáculos únicos bajo estos sistemas. Por ejemplo, las tecnologías de reconocimiento facial a menudo fallan al identificar correctamente a personas con diferencias físicas o no pueden clasificar géneros no binarios, lo que crea una carga desproporcionada sobre estas comunidades.
La pérdida de acceso a información crítica es otro efecto secundario de estas leyes. Muchos jóvenes dependen de internet para obtener información sobre salud, sexualidad y recursos educativos. La imposición de permisos parentales para acceder a las redes sociales puede quitarles el acceso a apoyo vital, especialmente en el caso de jóvenes LGBTQ+ que pueden vivir en entornos familiares hostiles.
El riesgo para la privacidad también es significativo. Requerir información personal sensible para verificar la edad abre las puertas a violaciones de datos, poniendo en peligro la información de miles de usuarios. Con el aumento de las brechas de seguridad y el robo de identidades, la exposición de datos personales se convierte en una preocupación grave tanto para adultos como para menores.
En resumen, las leyes de verificación de Edad amenazan la libertad de expresión y crean nuevos obstáculos que perjudican a comunidades ya marginadas. La intersección de la raza, la orientación sexual, el estatus migratorio y la capacidad económica se ve profundamente afectada, lo que pone de relieve la necesidad de un enfoque más equitativo y efectivo que garantice el acceso a la información sin sacrificar los derechos civiles fundamentales. La pregunta no es si estas normas discriminan, sino hasta qué punto lo hacen, mientras se profundiza la desigualdad en el acceso a plataformas esenciales para la vida moderna.
Fuente: EFF.org
