Desconocimiento del Sistema de Facturación Obligatorio entre el 47% de los Autónomos según Legálitas Negocios

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A medida que se acerca la fecha de implementación del sistema Veri*Factu, cada vez más autónomos y pequeñas y medianas empresas (pymes) en España muestran un preocupante desconocimiento sobre esta nueva obligación. Según un análisis de Legálitas Negocios, casi la mitad de los encuestados, un 47,3%, no está al tanto de la existencia de este requisito técnico que será obligatorio a partir del 1 de enero de 2026 para sociedades limitadas y anónimas, y a partir del 1 de julio del mismo año para trabajadores autónomos.

Veri*Factu es una iniciativa de la Agencia Tributaria (AEAT) que exigirá a los programas informáticos de facturación cumplir con ciertos requisitos técnicos para garantizar que las facturas sean válidas. Según la normativa, quienes no se adapten a esta regulación podrían enfrentar sanciones económicas de hasta 50.000 euros por ejercicio fiscal. La falta de preparación en este ámbito es alarmante, dado que un 25,4% de los encuestados aún no ha comenzado a implementar el sistema, confiando en que aún hay tiempo para hacerlo.

El objetivo principal de Veri*Factu es combatir el fraude fiscal y facilitar la digitalización de los procesos de facturación, asegurando la transparencia y trazabilidad de las facturas emitidas. Esto implica que las facturas deben ser registradas de manera inmediata y segura, y estar disponibles para su verificación por parte de Hacienda en tiempo real.

Aquellas empresas o autónomos que están obligados a implementar Veri*Factu deben cumplir con ciertas condiciones, como no facturar exclusivamente de forma manual y no estar exentos de la normativa. Quienes ignoren esta obligación no solo enfrentarán sanciones, sino también problemas operativos que pueden generar retrasos en el cobro de facturas y una posible pérdida de imagen ante grandes empresas que exigen cumplimiento normativo.

En resumen, la falta de conocimiento y preparación ante la inminente llegada de Veri*Factu podría llevar a graves consecuencias económicas y operativas para los autónomos y pymes que no se adapten a tiempo. La cuenta atrás ha comenzado y la urgencia de la situación demanda una atención inmediata por parte de los empresarios.