Recientemente, los organismos federales en Estados Unidos, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Aduana y Protección Fronteriza (CBP), han sido señalados por su comportamiento extralegal, particularmente en Minnesota. Esta situación ha suscitado preocupaciones tanto por la violencia ejercida por estos agentes como por las violaciones de derechos digitales. A pesar del derecho que tienen los ciudadanos, de acuerdo con la Primera Enmienda, a grabar a la policía en funciones, se han reportado múltiples incidentes en los que los agentes han impedido a los ciudadanos ejercer este derecho. La muerte de Alex Pretti, quien estaba grabando a los agentes de ICE cuando fue abatido, ha puesto de relieve la urgencia de la problemática, al igual que los videos que documentaron eventos similares, ofreciendo pruebas cruciales que desafían las versiones oficiales.
La defensa de los derechos digitales requiere el establecimiento de un marco legal claro. Cuando un agente armado del gobierno infringe la ley, es necesario que los civiles puedan demandarlo para obtener una compensación por los daños sufridos, lo que fomentaría la rendición de cuentas y el cumplimiento de la ley por parte de estos funcionarios. Sin embargo, se ha identificado una falla significativa en el sistema legal actual: la dificultad creciente para demandar a los agentes federales que violan la Constitución de EE. UU.
A lo largo de la historia, especialmente en 1871, se creó una legislación que permitía a los ciudadanos demandar a funcionarios estatales y locales por violaciones de derechos constitucionales, en respuesta a la violencia estatal contra la población afroamericana tras la Guerra Civil. Sin embargo, actualmente no existe una legislación equivalente para los funcionarios federales. Aunque en 1971 el Tribunal Supremo abordó este vacío con el caso «Bivens v. Six Unknown FBI Agents», permitiendo demandar por daños ante violaciones de la Cuarta Enmienda, en años recientes el Tribunal ha restringido esta capacidad significativamente.
Ante este retroceso, se hace urgente la intervención legislativa. Se han propuesto nuevas leyes en varias jurisdicciones, incluida la propuesta en California conocida como S.B. 747, que busca otorgar a los ciudadanos el derecho a demandar a los funcionarios federales por violar la Constitución. Estas iniciativas estatales son vistas como medidas importantes para proteger el estado de derecho, ayudando a los ciudadanos a hacer valer sus derechos fundamentales frente a abusos federales.
El senador californiano Scott Wiener ha apodado a este proyecto de ley como la «Ley de No Reyes» para subrayar la necesidad de limitar el poder del gobierno y proteger las libertades civiles. Este tipo de legislación podría convertirse en un mecanismo eficaz para restaurar la confianza en las instituciones y asegurar que todos los ciudadanos, independientemente de su estatus, tengan acceso a la justicia. Con el apoyo de numerosas organizaciones, la implementación de medidas como la S.B. 747 se perfila como un paso crucial hacia la defensa de los derechos y la rendición de cuentas en el sistema federal.
Fuente: EFF.org
