Una serie de movimientos y discusiones se están llevando a cabo esta semana en el marco de la «Semana del Copyright», un evento que busca subrayar los principios clave que deben regir la política de derechos de autor. Diversas organizaciones han abordado aspectos fundamentales de la legislación y la política de derechos de autor, examinando lo que está en juego y las acciones necesarias para garantizar que el copyright fomente la creatividad y la innovación.
En la era de Netflix, Spotify y Amazon, muchos de nosotros accedemos a obras con copyright en formato digital, lo que limita nuestra capacidad de adquirirlas de forma permanente. En lugar de comprar, estamos atrapados en un sistema de alquiler que impone un sinfín de términos y condiciones. Dado que el contenido es digital, la reventa, el préstamo o incluso la conservación para uso personal requieren inevitablemente la acción de copiar, algo que, lamentablemente, la legislación estadounidense de derechos de autor no aborda adecuadamente.
A medida que se aproxima el 50 aniversario de la Ley de Derechos de Autor de 1976, surge la pregunta sobre la necesidad de una nueva actualización de la misma. A pesar de la complejidad de estos cambios, se observa una disminución en la influencia de la Sección 109, conocida como la doctrina de la primera venta, que establece que una vez que se adquiere una obra con derechos de autor, se tiene derecho a revenderla, prestarla o incluso destruirla en señal de protesta.
Sin embargo, los tribunales han determinado que esta doctrina solo se aplica a la distribución física y no a la reproducción digital. Así, si un usuario desea copiar un libro de texto digital alquilado a otro dispositivo, el marco actual de la ley no lo protege, incluso si elimina el archivo del primer dispositivo.
Esta situación tiene consecuencias negativas para el acceso a la cultura, ya que las obras, desde éxitos musicales hasta películas independientes, quedan condicionadas a las decisiones de grandes corporaciones. En el pasado, el principio de la primera venta promovió mercados de segunda mano, intercambios comunitarios y bibliotecas que facilitaron el acceso y la difusión cultural, haciéndola más asequible para todos.
A pesar de que los nuevos servicios de suscripción pueden parecer atractivos por su coste inicial, también acarrean una serie de incertidumbres. Los aficionados que deseen rewatch un programa pueden encontrarse persiguiendo el contenido de una plataforma a otra o, en el peor de los casos, con versiones en línea de mala calidad como única opción.
Recientemente, se ha producido un cambio en California con la entrada en vigor de la Ley de la Asamblea 2426, que obliga a las empresas a informar si una «compra» es en realidad una licencia revocable, protegiendo así al consumidor de la revocación del acceso a su contenido. Sin embargo, a nivel federal, la Oficina Federal de Comercio (FTC) ha desestimado solicitudes para establecer normas claras sobre la propiedad y venta de bienes digitales, un cambio que organizaciones como EFF y Public Knowledge han estado defendiendo.
La solución a este problema podría ser relativamente sencilla y, aunque no se trata de la cuestión más urgente que enfrenta el Congreso, tiene el potencial de liberar una ola de innovación, devolviendo el control a los consumidores estadounidenses y permitiéndoles realmente ser propietarios de lo que adquieren.
Fuente: EFF.org
