Un grupo de 24 organizaciones, incluyendo la ACLU, Restore the Fourth, el Brennan Center for Justice, Access Now y la Freedom of the Press Foundation, ha exigido a la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI, por sus siglas en inglés) que proporcione al público una estimación precisa de cuántas comunicaciones de ciudadanos estadounidenses han sido recogidas y almacenadas en servidores gubernamentales, las cuales podrían ser revisadas por las fuerzas del orden sin un debido proceso.
Este reclamo surge tras las promesas incumplidas de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de informar al público sobre cuántas personas en territorio estadounidense han tenido sus comunicaciones «incidentales» recopiladas bajo la autoridad de vigilancia establecida en la Sección 702 de la Ley de Enmiendas FISA. En una carta emitida por estas organizaciones, se sostiene que «ODNI y la NSA no pueden esperar que la confianza pública sea incondicional. Si continúan eludiendo promesas hechas a miembros del Congreso y ocultando información que han buscado insistentemente desde hace trece años, esa confianza pública se verá gravemente debilitada».
La Sección 702 permite a las autoridades llevar a cabo vigilancia de extranjeros en el extranjero desde territorio estadounidense y se ejecuta en parte gracias a la colaboración de proveedores de telecomunicaciones que entregan datos y comunicaciones. Aunque esta sección prohíbe que la NSA tenga como objetivo intencionado a estadounidenses, resulta que se recopila una gran cantidad de comunicaciones de ciudadanos inocentes de manera «incidental», simplemente porque es común que en EE. UU. se comuniquen con personas en el extranjero. Esto da como resultado una amplia base de datos que incluye conversaciones desde el lado estadounidense y comunicaciones de todo el mundo. Las agencias de la ley domésticas, como el FBI, pueden entonces realizar búsquedas sin orden judicial en estas comunicaciones «incidentalmente» recopiladas.
Desde hace más de diez años, la EFF ha trabajado arduamente cada vez que la Sección 702 enfrenta su renovación, con la esperanza de introducir reformas que restauren los derechos de privacidad. Recientemente, en la primavera de 2024, el Congreso renovó la Sección 702 por otros dos años sin realizar los cambios necesarios para proteger esos derechos.
Mientras se espera la próxima oportunidad para luchar contra la Sección 702, la colaboración con aliados en la firma de esta carta busca aumentar la transparencia y proporcionar una mejor comprensión del alcance del problema.
Fuente: EFF.org
