Un supervisor de San Francisco ha planteado que la policía y otras agencias de la ciudad no enfrenten consecuencias financieras por violar una ley pionera en la supervisión de la vigilancia. Esta legislación, aprobada en 2019 tras la colaboración de diversas organizaciones locales, establece que las fuerzas del orden deben obtener la aprobación de funcionarios electos antes de adquirir y utilizar nuevas tecnologías de espionaje. A pesar de las constantes modificaciones que han debilitado este marco jurídico, todavía existe una disposición clave: los ciudadanos pueden demandar a los funcionarios de la ciudad si se detecta un incumplimiento de la ley y, si ganan el caso, tienen derecho a recuperar los honorarios de los abogados.
El supervisor Matt Dorsey ha argumentado que esta importante medida de responsabilidad «incentiva demandas sin fundamento que han malgastado cientos de miles de dólares de los contribuyentes en alegaciones infundadas sobre una ley que ha sido un verdadero enredo desde su creación». Sin embargo, es fundamental recordar que entre 2010 y 2023, San Francisco desembolsó aproximadamente 70 millones de dólares para resolver demandas civiles contra el Departamento de Policía de San Francisco por casos de exagerada conducta delictiva, incluyendo tiroteos a ciudadanos y despidos injustificados de denunciantes. Este gasto no debe considerarse un despilfarro, sino una compensación a las víctimas de actos indebidos. La importancia de una supervisión responsable de las tecnologías de vigilancia en el siglo XXI es vital para garantizar que los cuerpos de seguridad no queden exentos de rendir cuentas por el uso indebido de su poder.
El concepto de «derecho de acción privada» es esencial en este contexto, permitiendo que los residentes demanden a la policía en caso de violaciones legales. Sin mecanismos de enforcement que aseguren la responsabilidad policial, es probable que muchos ignoren la ley. Un ejemplo claro de esto es la AB 481, una ley estatal de California que exige la aprobación de funcionarios electos antes de que la policía intente adquirir equipo militar, incluyendo drones. Recientemente, se reveló que el SFPD había ignorado esta legislación.
En un ambiente político donde se han visto tentativas de militarización en varias ciudades, es más crucial que nunca mantener las infraestructuras de vigilancia de las ciudades pequeñas, transparentes y responsables. La reciente colaboración de agencias de seguridad con entidades federales bajo presión política subraya la urgencia de tener un marco regulatorio robusto. Ya se han reportado violaciones de la ley estatal en cuanto a la divulgación de datos de vigilancia por parte del SFPD a agencias como ICE.
Por lo tanto, se hace un llamado a la Junta de Supervisores para que desestime la propuesta de Dorsey. Si la policía desea evitar demandas y el pago de honorarios a los abogados de los demandantes, debe ceñirse a las leyes que regulan la vigilancia policial en la ciudad.
Fuente: EFF.org
