En 2025, una serie de campañas exitosas en diversas comunidades, independientemente de su inclinación ideológica, llevaron a la cancelación de contratos de vigilancia mediante lectores de matrículas automatizados (ALPR) en varios estados de EE. UU. Ciudades como Austin, Texas; Cambridge, Massachusetts; y Eugene, Oregón, vieron cómo sus esfuerzos colectivos resultaron en la eliminación de estos sistemas de vigilancia, que habían suscitado preocupaciones sobre la privacidad y la discriminación.
Las campañas se basaron en tres elementos esenciales: la existencia de un defensor político motivado en el consejo municipal, la presión organizada de las comunidades afectadas, y la asistencia técnica en momentos críticos de toma de decisiones. En este contexto, el uso del «poder adquisitivo» fue una herramienta clave para rechazar políticas que no se alineaban con los intereses de la comunidad.
En lugar de enfocarse en elaborar leyes perfectas sobre la privacidad, los organizadores priorizaron las cancelaciones de contratos en curso. Este enfoque pragmático, denominado «la victoria fea», mostró cómo las luchas por la cancelación de contratos podían ser efectivas para detener la vigilancia desde su inicio, actuando en el ámbito financiero en lugar de esperar a que se implementaran complejas reformas legislativas.
El enfoque no se centraba en detalles técnicos ni principios abstractos de privacidad, sino que comenzaba a partir de los daños documentados que la vigilancia había permitido. Por ejemplo, investigaciones que revelaron que las fuerzas policiales estaban utilizando la red de Flock para rastrear a comunidades minoritarias o monitorear a activistas hicieron que los organizadores aumentaran su poder de movilización, tal como sucedió en Olympia, Washington, donde casi 200 miembros de la comunidad se reunieron para protestar y eventualmente eliminar las cámaras.
Esta estrategia de «jugar desde adentro y afuera» fue fundamental para el éxito de las campañas. Los miembros de la comunidad movilizaron a sus vecinos y testificaron en audiencias, creando un ambiente político donde los funcionarios electos pudieran rechazar la vigilancia sin temor a repercusiones negativas. Asimismo, la disponibilidad de recursos técnicos, como guías de investigación, permitió a las comunidades liderar las luchas sin necesidad de convertirse en expertos en políticas.
A lo largo de 2025, se desmantelaron ideas erróneas acerca de que solo las jurisdicciones progresistas podían resistir la tecnología de vigilancia. Comunidades en Texas, por ejemplo, rechazaron propuestas de monitoreo vehicular, mostrando que tanto áreas urbanas como rurales podían unirse en esa lucha. La coalition del Rural Privacy Coalition enfatiza que la privacidad es un valor compartido por todas las comunidades, independientemente de su trasfondo político.
Asimismo, las comunidades aprendieron unas de otras a través de la celebración de victorias en jurisdicciones vecinas. Cuando Austin canceló su contrato, esto sirvió de inspiración para que otras localidades en Texas adoptaran un enfoque similar. Esto demuestra la efectividad de la combinación de poder institucional, movilización comunitaria e inteligencia compartida, constituyendo la base de las campañas más efectivas de 2025. Así, se han asegurado cancelaciones o rechazos en casi dos docenas de jurisdicciones, creando una infraestructura que facilitará futuras resistencias y fortalecerá el movimiento en contra de la vigilancia masiva.
Fuente: EFF.org
