SAN FRANCISCO – Un grupo de organizaciones, liderados por la Electronic Frontier Foundation (EFF) e Imperial Valley Equity & Justice (IVEJ), ha exigido hoy al gobierno de California que revoque los permisos que permiten a agencias federales, como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la Administración de Control de Drogas (DEA), instalar lectores automáticos de matrículas (ALPR) en las carreteras cercanas a la frontera. En una carta dirigida al gobernador Gavin Newsom y a la directora del Departamento de Transporte de California (Caltrans), Dina El-Tawansy, el colectivo argumenta que esta vigilancia masiva invasiva, a menudo disfrazada de barriles de tráfico, pone en riesgo a los residentes y migrantes, exponiéndolos a acosos, abusos, detenciones y deportaciones.
La carta destaca la urgencia de actuar, especialmente ante el regreso del jefe de la Patrulla Fronteriza (USBP), Greg Bovino, a la región de El Centro, tras liderar campañas controvertidas en ciudades como Los Ángeles, Chicago y Minneapolis. “Caltrans debe revocar cualquier permiso otorgado a USBP, CBP y DEA para esos dispositivos de vigilancia y proceder a su remoción”, señala el documento.
Entre los firmantes de la carta se encuentran organizaciones de derechos humanos y profesionales de la salud, como la Asociación de Enfermeras de California, la Federación Americana de Maestros, ACLU California Action y muchas más. Estas entidades subrayan que la ley de California impide que agencias estatales y locales compartan datos de ALPR con agencias externas, incluyendo aquellas involucradas en la aplicación de la ley de inmigración. Sin embargo, se afirma que USBP, CBP y DEA están eludiendo estas regulaciones al instalar sus propios ALPR.
Investigaciones de la EFF han revelado un mapa que muestra más de 40 de estos dispositivos encubiertos a lo largo de carreteras en los condados de San Diego e Imperial, supuestamente pertenecientes a agencias federales encargadas de la vigilancia de la inmigración. A raíz de una solicitud de registros públicos presentada en junio de 2025, Caltrans ha empezado a liberar documentos que prueban que CBP y DEA han solicitado permisos para instalar ALPR, y se esperan más registros a medida que la agencia continúe buscando información pertinente.
“California no debe permitir que la Patrulla Fronteriza y otras agencias federales utilicen la vigilancia en nuestras carreteras para desatar violencia e intimidación contra los residentes de San Diego y el Valle Imperial”, concluye la carta. El coordinador comunitario de IVEJ, Sergio Ojeda, enfatiza que el Estado de California no debe permitir que la Patrulla Fronteriza explote las carreteras públicas y eluda la ley estatal: “Es momento de detener a las agencias federales de instalar cámaras ocultas que utilizan para rastrear, dirigir y acosar a nuestras comunidades que viajan entre el Valle Imperial, San Diego y Yuma.”
Fuente: EFF.org
