En un avance significativo impulsado por la presión pública, varios centros de embarazo en crisis han comenzado a eliminar de manera discreta el lenguaje engañoso sobre las protecciones de privacidad de sus sitios web. Estos centros, comúnmente conocidos como «clínicas falsas», habían sido objeto de críticas por afirmar erróneamente estar sujetos a la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguro de Salud (HIPAA), a pesar de no estar licenciados como clínicas médicas. Esta confusión es especialmente problemática, ya que muchas de estas instalaciones no cuentan con personal médico y, por lo tanto, no están legalmente obligadas a seguir las normas de HIPAA.
Organizaciones como la Electronic Frontier Foundation (EFF) ya habían presentado quejas ante los fiscales generales de ocho estados, solicitando investigaciones sobre estas prácticas engañosas. Los resultados iniciales han mostrado que, de los 21 centros mencionados en las quejas, seis han eliminado por completo cualquier referencia a HIPAA de sus páginas, mientras que uno realizó modificaciones parciales.
Particularmente, todos los centros denunciados ante los fiscales generales de Texas y Arkansas han actualizado su contenido, lo que sugiere una respuesta notable a la vigilancia pública. Aunque 14 centros todavía mantienen su lenguaje anterior, este cambio de comportamiento indica que están comenzando a prestar atención a las críticas.
Sin embargo, es importante señalar que la mera eliminación de referencias a HIPAA no resuelve los problemas de privacidad subyacentes. La mayoría de estos centros todavía recopilan información sensible sin una clara divulgación sobre cómo se maneja, almacena o comparte. Además, en ausencia de leyes federales de privacidad robustas, hay escasas opciones para aquellos cuyos datos puedan ser mal utilizados.
La situación se complica aún más, ya que estos centros han engañado a pacientes que enfrentan decisiones complicadas y emocionales relacionadas con su salud, presentándose como entidades que operan bajo leyes federales de privacidad. En muchos casos, los datos de los pacientes han sido compartidos sin su conocimiento, e incluso han terminado disponibles públicamente, lo que plantea serias preocupaciones sobre la protección de la información sensible.
Dado este contexto, tanto la EFF como otras entidades continúan monitoreando con atención estos centros de embarazo en crisis y hacen un llamado a los fiscales generales para que se mantengan atentos a sus prácticas.
Fuente: EFF.org
