La privacidad se ha convertido en un tema crucial en Californa, donde el derecho a la intimidad es constantemente vulnerado por la recolección indiscriminada de información personal. Este problema no es nuevo, pues data de la década de 1970, cuando se promulgó la Ley de Prácticas de Información (IPA, por sus siglas en inglés) como respuesta al escándalo de Watergate. Esta ley estableció un marco para proteger los datos personales de los ciudadanos y garantizar que las entidades gubernamentales manejen la información de manera responsable.
Sin embargo, a medida que la tecnología ha evolucionado y el volumen de datos recopilados por entidades locales ha aumentado, la IPA se muestra inadecuada para abordar los desafíos actuales. Las organizaciones gubernamentales locales carecen de normas estándar para proteger la información, lo que plantea serias preocupaciones sobre la privacidad, especialmente en áreas como la salud pública y los programas de asistencia alimentaria.
Ante este panorama, ha surgido la propuesta de la Ley de Reforma de la IPA, A.B. 1337, impulsada por el asambleísta Chris Ward de San Diego en colaboración con grupos de defensa de la privacidad. Esta reforma busca expandir la definición de entidades cubiertas, restringir el uso de datos sin consentimiento, y establecer sanciones por la divulgación negligente de información personal. Además, se modernizaría la definición de información personal, alineándola con la Ley de Derechos de Privacidad de California, para incluir datos geográficos y de navegación en línea, entre otros.
A medida que la confianza en el gobierno disminuye, especialmente en contextos donde las personas son vulnerables por su estado migratorio, religión o identidad de género, es imperativo que los residentes de California exijan mejores protecciones de sus datos. La implementación de A.B. 1337 no solo serviría para actualizar un marco legal obsoleto, sino que también podría reforzar la confianza del público en las instituciones gubernamentales.
Fuente: EFF.org
