El Departamento de Policía de Baton Rouge ha anunciado esta semana que comenzará a utilizar un dron diseñado por el fabricante de equipos militares Lockheed Martin y Edge Autonomy, convirtiéndose en uno de los primeros cuerpos policiales locales en implementar un vehículo aéreo no tripulado (UAV) que ha sido utilizado principalmente en zonas de guerra en el extranjero. Este nuevo dron, conocido como Stalker VXE30, representa una notable escalada en la militarización de las fuerzas del orden local y otorgará a la policía capacidades de vigilancia más sofisticadas.
La adquisición de este dron, cuyo costo total, incluyendo entrenamiento y baterías, asciende a aproximadamente 1 millón de dólares, plantea preocupaciones significativas sobre la privacidad y la transparencia en el uso de tecnologías de vigilancia. A lo largo del tiempo, diversas comunidades han visto cómo se les ha dotado de equipo de vigilancia de grado militar, lo que ahora se intensifica con el uso de este tipo de drones en entornos urbanos.
El uso del Stalker VXE30 plantea preocupaciones adicionales relativas a la capacidad de estos dispositivos para acceder a espacios que normalmente están fuera del alcance de la policía, incluyendo patios traseros y otras propiedades privadas. Además, las grabaciones obtenidas por drones con cámaras pueden ser almacenadas y compartidas de formas que exceden el propósito inicial de su uso.
El jefe de policía de Baton Rouge, TJ Morse, ha declarado que, aunque el dron pueda estar a kilómetros de distancia, su capacidad de vigilancia es tan avanzada que puede proporcionar imágenes detalladas de los rostros de las personas. La posibilidad de añadir equipos adicionales a estos drones, como lectores automáticos de matrículas o tecnología de reconocimiento facial, aumenta las preocupaciones sobre la vigilancia masiva y las implicaciones éticas de su uso.
Es importante que la comunidad de Baton Rouge establezca políticas claras que regulen el uso de este dron y cualquier modificación que la policía desee realizar, con el fin de garantizar que estas tecnologías se utilicen de manera responsable y bajo supervisión pública. La falta de regulaciones adecuadas podría conducir a un uso indebido o abusivo de estas capacidades de vigilancia militarizada, lo que podría erosionar aún más la confianza pública en las fuerzas del orden.
Fuente: EFF.org
